El Supremo anula el traspaso a Euskadi de la homologación de los títulos universitarios extranjeros

El tribunal concluye que, si para el Tribunal Constitucional, «la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado, por las mismas razones (…) ha de serlo la consistente en verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenidos».

Este varapalo se produce cuando el Gobierno Vasco trabaja a destajo para que Euskadi asuma antes de final de año las 25 competencias recogidas en el Estatuto de Gernika que están aún pendientes de transferir. Hace dos semanas el ejecutivo autonómico liderado por el lehendakari Imanol Pradales sumó dos nuevas materias: los permisos de trabajo para personas extranjeras -que ahora reciben este duro golpe judicial- y Meteorología.

El Gobierno Vasco se afana en las negociaciones para que el Ejecutivo central de Pedro Sánchez cumpla con el traspaso del total de las transferencias antes de terminas el 2025, fecha marcada entre el PNV y el PSOE en el acuerdo de investidura. La mayor complejidad técnica radica ahora en las áreas relacionadas con el traspaso de la Seguridad Sociedad, que alargará las negociaciones. Ambas administraciones han decidido empezar ya a trabajar sobre el terreno y hablar sobre los términos en los que podrían recalar en Euskadi las transferencias que engloban la Seguridad Social. Ya hay intercambio de documentos.

La Sala ha dictado ocho sentencias, con ponencia del presidente de la Sala, Pablo Lucas, que estiman los recursos interpuestos por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España contra el Real Decreto. Otros cinco recursos también se deliberaron en la misma fecha por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, la Unión Profesional, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y el Consejo General de la Abogacía Española.

El tribunal se plantea si el Acuerdo que recoge el Real Decreto impugnado es una ampliación de funciones y servicios en materia de enseñanza al País Vasco o si, por el contrario, se trata de una transferencia extraestatutaria, contraria a la Constitución, de una competencia de la que carece.

Para resolverlo, acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, en sentencia invocada en el proceso relativa a las profesiones de abogado y procurador, sobre la competencia estatal en materia de expedición de títulos que subraya que corresponden al Estado, no sólo la regulación, sino también aspectos ejecutivos, como son los relativos a la comprobación de los niveles de exigencia de la formación necesaria para obtenerlos.

Añade que «no hay razones para entender que no sea estatal, de acuerdo con el artículo 149.1 30ª de la Constitución, la competencia administrativa de verificación de los cursos conducentes a los títulos que habilitan para el ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador y no lo sea la de verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros que habilitan para ejercer profesiones tituladas. Y esto significa que la competencia, aun siendo ejecutiva, es del Estado. Por tanto, no caben traspasos de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas en los términos en que se ha efectuado por el Real Decreto 366/2024 y el Acuerdo que contiene».

La homologación es un requisito indispensable para que titulados de países no europeos puedan ejercer su profesión en España. En 2023, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recibió 53.044 peticiones de homologación y equivalencia. Mientras se resuelven sus expedientes, los solicitantes trabajan en lo que pueden y procuran armarse de paciencia. La tramitación es exasperantemente lenta porque la Administración no da abasto.

Por otra parte, considera que esta conclusión no entra en contradicción con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco que dispone que es competencia de esta comunidad autónoma la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, ya que dicho artículo salva expresamente las facultades que el artículo 149.1 30ª atribuye al Estado.

La Sala tampoco encuentra contradicción con la atribución a algunas Comunidades Autónomas de la competencia de homologación de títulos no universitarios extranjeros, como ocurre en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y de Andalucía o los Reales Decretos para Galicia, Cataluña y País Vasco que en virtud de los correspondientes preceptos estatutarios ampliaron los traspasos de funciones y servicios en materia de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios, al entender que no tiene el mismo objeto que el Real Decreto anulado.