Urkullu propone un pacto territorial para reinterpretar la Constitución

La propuesta de Urkullu, en la que contempla un acuerdo preliminar a la convocatoria, incluiría también «la bilateralidad o la capacidad de decidir pactada» y podría, en opinión del lehendakari, constituir »una forma flexible y creativa de plantear una salida a la actual encrucijada política« sin necesidad de modificación previa de la Constitución. Remarca que «nuestra» voluntad sigue siendo el acuerdo y el pacto. «Es obvio que el pacto no se le puede imponer al Estado. En esto consiste la bilateralidad: las dos partes deben estar de acuerdo y han de actuar con un compromiso de lealtad recíproca. No queremos imponer nada a nadie, tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad«, expone en un artículo publicado en el diario El País, bajo el título 'Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado'.

En su escrito explica que las elecciones generales del pasado 23 de julio «ratificaron la diversidad y pluralidad en el Estado». Considera por ello que en el inicio de la nueva legislatura, «es oportuno» volver a formular «dos preguntas básicas que siguen vigentes»: «¿Por qué en un Estado sólo puede haber una nación? y ¿por qué el Estado español no puede ser plurinacional, como lo fue en la práctica hasta el siglo XVIII?».

El lehendakari recuerda que, a lo largo de estos años, ha compartido «reflexiones» y «tratado de ofrecer respuestas constructivas». Asegura que ha defendido el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado, así como el modelo de 'bilateralidad efectiva' «con garantías de cumplimiento de lo acordado», y que al mismo tiempo ha formulado propuestas para ofrecer «un cauce de solución política a las voluntades sociales mayoritarias de la sociedad vasca, incluyendo iniciativas dirigidas a las instituciones europeas».

Admite en su escrito que la Constitución de 1978 «intentó abrir un camino», pero recuerda también «los intentos de involución que se han producido desde entonces». «Primero se intentó 'armonizar' y, dado que fracasó la Loapa (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), porque el Tribunal Constitucional lo impidió, se promovió el 'café para todos', igualando por abajo para recortar por arriba», ha expuesto. Se refiere también a «las cláusulas horizontales de la Constitución, para ir más allá de su naturaleza, y encubrir una invasión de competencias de las comunidades autónomas, incluso de sus competencias exclusivas«, con la »actitud comprensiva de un Tribunal Constitucional cuyo prestigio ya no era el que tuvo en sus primeros tiempos«.

Urkullu expone que «se dio carta de naturaleza a instrumentos como las leyes de bases y, más recientemente, a las comisiones sectoriales u otro tipo de foros autonómicos, para adoptar decisiones que afectan al autogobierno, en base a las mayorías políticas en el Estado». «En definitiva, el cambio anunciado en 1978 se quedó en una descentralización política y administrativa, pero no fue más allá», remarca.

El lehendakari incide en la «nueva oportunidad» que, a su juicio, se abre tras el 23-J y considera que «puede ser el momento de dar nuevos pasos«. En este sentido cita el planteamiento de quienes, hace 90 años, el 25 de julio de 1933, constituyeron Galeuzka, »una institución de hermandad entre gallegos, vascos y catalanes« y que »fue una propuesta constructiva, con una visión de futuro para un nuevo modelo de Estado territorial«.

El lehendakari se muestra seguro de que «la experiencia histórica nos marca un modelo factible» porque ha habido capacidad de «pactar bilateralmente con el Estado el Concierto Económico desde 1878 hasta hoy». Insta a ser capaces de seguir avanzando, «con contenidos acordes con los nuevos tiempos, entendiendo el acuerdo, sea parcial o integral, como un pacto o concierto bilateral con el Estado«. El lehendakari expone que esto es lo que se ha producido con el modelo de Concierto »durante toda su historia«. »Hemos ido ampliando su contenido, avanzando en la negociación bilateral con el Estado en cada reforma para ampliarlo, poco a poco, con el acuerdo de las instituciones vascas y del Estado y la ratificación de las Cortes Generales mediante ley, así como con el aval de las instituciones europeas«, detalla.

Cree, por lo tanto, que sobre la base de «una auténtica voluntad de acuerdo«, se deben encontrar «los mimbres constitucionales y legales pertinentes para dar forma jurídica a un nuevo pacto, utilizando la vía de la actualización de los derechos históricos, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución».

En este contexto, sugiere «explorar la figura de la Convención Constitucional, un recurso que ya propuso hace seis años y que según remarca ha sido utilizado en la cultura política anglosajona, «para cuya aplicación no habría impedimento expreso». «No se trataría de una convención constitucional general sino de una limitada o específica para actualizar la interpretación acordada de una parte de su contenido», apunta.