La verdad burlada

La posverdad y las noticias falsas proliferan con tanta naturalidad que se han vuelto indetectables. Lo que pareció eclosionar gracias a las redes sociales y al big data, forma parte del paisaje más doméstico. Los dirigentes políticos, los líderes de opinión y los agentes económicos y sociales pueden desgranar, impasibles, afirmaciones y datos sesgados, recogidos de oídas o sin contrastar gracias a la desidia ambiental. La opinión pública parece rendida a esa mezcla de opacidad y 'troleo' que invade la plaza común. Y por si las mentiras y las medias verdades no pueden con todo, ahí están el estruendo y el exabrupto para ocultar qué es lo que pasa de verdad; para acallar todo espíritu crítico.

El martes 20, el ruido causado por la notificación de su nombramiento pactado para presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ, y por el tuit reenviado por Ignacio Cosidó respecto a que ello le permitiría a Manuel Marchena vigilar «por detrás» la Sala de lo Penal en el caso del 1-O, condujo al magistrado a renunciar a tal designación. Nunca antes se había hablado tan bien de Marchena que después de la revelación de su nombre por parte de la vicepresidenta Carmen Calvo; nunca antes se había ponderado tanto su destreza jurídica y su habilidad para el gobierno sobre los seres más extraños de la galaxia democrática: los jueces. Algunos pensarían que era Carlos Lesmes quien le hacía bueno. Otros sospecharon que podía tratarse de una 'patada hacia arriba' socialista, para relevarlo en la presidencia de los siete jueces que dictarán sentencia sobre Junqueras y los demás. Pero el comunicado de Manuel Marchena, en la madrugada del martes 20, argumentaba algo desconcertante: «Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal». Así se pronunció para renunciar a la presidencia del TS y del CGPJ, y para mantenerse en la «función jurisdiccional» de la Sala de lo Penal. Una paradoja ocultada por el ruido circundante.

El miércoles 21 el diputado de ERC Gabriel Rufián manifestó en el Congreso que tenía ganas de decirle lo que le dijo al titular de Exteriores, Josep Borrell. El episodio ha acabado con la obscena discusión sobre si un compañero de grupo escupió al ministro Borrell, si solo se lo pareció a éste, o si éste procedió a lo que -en jerga futbolística- sería un 'piscinazo' desde el banco azul. ¿A qué vino aquello? Sin duda se debió al descontrol en el que se mueve un partido que todavía no ha llegado a ser un partido, aunque las siglas se fundaran en 1931: ERC. Se sucedieron algunas interpretaciones precipitadas, sobre la necesidad del independentismo republicano de hacerse valer frente a la radicalidad de Puigdemont; sobre su necesidad de reivindicar a Junqueras; sobre su querencia por confrontarse con la vertiente más 'española' del socialismo catalán. Pero cabe contemplar esta otra hipótesis, la del vértigo. La de la incapacidad genética de ERC para asumir sus responsabilidades. Para asimilar los resultados del último sondeo del CEO -el CIS Catalán- que da una amplia ventaja al independentismo republicano más genuino, frente a la dispersión extremista de los postconvergentes. El ruido disipa el vértigo. Aunque resulte incomprensible que se sufra vértigo de subida; como si se añorara el disfrute de la caída partidaria.

El jueves 22 se hizo insistente el anuncio de Pedro Sánchez de que se plantará en la Cumbre europea de mañana si la declaración política que antecede al acuerdo con el Reino Unido sobre el 'Brexit' no contempla un aparte que conceda a España la potestad europea de entenderse con Londres respecto a Gibraltar. Esta vez el ruido lo mete La Moncloa con la palabra «veto» sobre un asunto que, lejos de atender a intereses materiales o sustantivos en cuanto a derechos ciudadanos, apela a la dignidad nacional. La insistencia persistía ayer noche, desde Cuba. Mañana se verá si el Gobierno continúa pensando que Bruselas ha actuado «con nocturnidad y alevosía» contra nuestra soberanía. Pero lo que no se sabe es qué está realmente en juego en este litigio, más allá del momento de oportunidad que Sánchez ha encontrado para apelar a la integridad territorial reclamada frente a sus adversarios nacionales, cuando ya falta solo una semana para las andaluzas.