Vox propone regular la verificación de noticias falsas en redes sociales

La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una proposición de ley orgánica del grupo parlamentario de Vox para regular la verificación de noticias falsas en redes sociales, sitios web y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales.

Vox pide que la verificación de contenidos falsos que se difunden a través de estos canales no se lleve a cabo por personas ni entidades privadas o públicas «dependientes de gobiernos o autoridades» o «políticamente partidistas», salvo que estas organizaciones declaren públicamente esa vinculación.

El texto, publicado este viernes en el Boletín Oficial de las Cortes, también pide la prohibición de «toda verificación gubernativa de noticias falsas», algo que, según Vox, se ha producido «durante la crisis sanitaria de la Covid-19 y el estado de alarma declarado por tal motivo» para «minimizar» las críticas a la acción política del Ejecutivo.

La iniciativa parlamentaria reclama asimismo que se prohíba «toda verificación de opiniones» en redes sociales, internet y medios de comunicación.

El grupo argumenta que la contratación por parte de las redes sociales de «agentes externos» para que comprueben la veracidad de sus contenidos es una práctica contraria a la existencia de una «opinión pública libre» cuando estas entidades son «partidistas» o «dependientes del poder político».

En España, cuatro organizaciones (AFP, EFE Verifica, Maldita.es y Newtral) forman parte del programa de fact-checking de contenidos en Facebook e Instagram.

Todas ellas están certificadas por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), que solo admite como miembros a medios, públicos o privados, que han demostrado su apartidismo e independencia editorial en sus trabajos de «fact-checking». Otro de los requisitos que les exige es que no verifiquen opiniones.

Vox también plantea en su texto que solo la Justicia «podrá adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas», y que las empresas u organizaciones que hagan «fact-checking» sean «civilmente responsables» cuando vulneren los derechos a expresar opiniones y a comunicar o recibir libremente información veraz.

Finalmente, pide la derogación de las leyes de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de 2002; de Prensa e Imprenta de 1966; y de la Ley General Comunicación Audiovisual de 2010, así como de cualquier otra norma «que se oponga» a lo regulado en la proposición de ley orgánica.