José María Bravo no supo justificar algunos ingresos de contribuyentes en sus cuentas

SAN SEBASTIÁN. DV. José María Bravo, ex director de la Delegación de Hacienda de Irun y principal imputado en la investigación judicial abierta por el presunto fraude al erario público guipuzcoano no supo justificar en su declaración ante la Ertzaintza parte de las cantidades que ingresó procedentes presuntamente de contribuyentes que habrían negociado a la baja el pago de sus deudas tributarias. «Preguntado cómo explica que el cheque que le entregó D. José Javier S.I. del BBV por importe de 1.163.541 pesetas para pagar la deuda tributaria de la empresa Licores y Conservas Irun haya sido ingresado el día 18 de junio de 1996 en la cuenta número 0002815447 de Kutxa de la cual es titular usted, manifiesta: No sabe». Esta es una de las decenas de preguntas a las que Bravo fue sometido por agentes de la Policía autonómica en su declaración en calidad de imputado.

José María Bravo fue citado la tarde del pasado 3 de abril en la comisaría de Irun. El imputado estuvo asistido por el letrado Carlos Querejeta Vera. El interrogatorio fue realizado por el secretario e instructor de las actuaciones, ambos funcionarios de la Ertzaintza. Antes de comenzar, los agentes informaron al imputado de los derechos que le asisten. Su declaración se extiende desde el folio 674 de las actuaciones incoadas por la Fiscalía de Gipuzkoa hasta el 710. La diligencia policial comenzó a las 16.17 horas y finalizó a las 23.42.

«Nombre, domicilio y ocupación del declarante». Fue la primera pregunta que le fue formulada. José María Bravo explicó que residía en la localidad vasco francesa de Urrugne, aunque en la misma diligencia policial anunció que próximamente se trasladaría a Irun. Dijo que es letrado en ejercicio en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa y que a la vez desempeña funciones de administrador en «diversas sociedades», tales como «Hotel Túnel de Hada S.L. que se halla en Jerte (Cáceres), Roza Cabrera S.L., también en Jerte». José María Bravo explicó que cuando no está en Cáceres, «lo normal» es que se encuentre en la oficina de la plaza de Urdanibia número 7 de Irun, domicilio social de Urdanibia Asesores, Correduría Urdanibia, Ius Local S.L.,-entidades de las que es socio- y «alguna otra que no recuerda».

Llegada a Diputación

José María Bravo detalló que entró a trabajar en la Diputación en 1981, en el departamento de Hacienda, siempre en la Sección de Recaudación. Posteriormente fue jefe de la oficina de Errenteria antes de trasladarse a la de Irun, donde llegó en 1991. Bravo explicó que su función principal era la de instruir procedimientos de apremio. «Se trata de recuperar expedientes que no han sido pagados en el periodo voluntario» y que tiene que encargarse de gestionar para conseguir el cobro, afirmó en la declaración. Bravo explicó que conocía todos los procedimientos, ya que era él quien los supervisaba. José María Bravo trabajaba en el delegación irunesa con la también acusada Pilar Gracenea.

El ex director de la oficina investigada manifestó que, aparte de su trabajo en Hacienda, siempre había mantenido algún otro tipo de actividad. Precisó que desde que acabó la carrera de Derecho en 1996, a través Ius Local, ha trabajado como asesor jurídico de diferentes ayuntamientos como en el de Pasaia, Iurreta y Elgoibar. También trabajaba en la agencia inmobiliaria Urdanibia, de la que son socios su esposa Rosa Cobos y Pedro María Atistrain, ambos imputados.

La declaración de José María Bravo abarca 37 folios, de los que 21 se centran de manera exclusiva en preguntas que los ertzainas efectuaron sobre todos y cada uno de los cobros que presuntamente recibió. Bravo, según mantiene la Fiscalía, se ponía en contacto con los contribuyentes que tenían deudas con Hacienda y les requería el pago de las sumas que debían. De acuerdo con la denuncia del ministerio público, los deudores le hicieron entregas, en metálico o mediante cheques bancarios, de diversas sumas de dinero que en su conjunto ascendieron a 1.033.915 euros y de los que Bravo se fue apropiando sucesivamente en su beneficio. Como la mayor parte de las personas a las que llamaba no disponían de la suma total que se les pedía, el imputado optaba por rebajarles el importe. De esta manera, los afectados fueron compareciendo en las oficinas de la delegación de Irun para saldar la deuda.

En los primeros expedientes que los ertzainas le exhibieron durante la declaración, Bravo siempre trató de ofrecer una explicación que fuera convincente, si bien en todo momento negó que se hubiese apropiado de cantidad alguna. En algunos expedientes, dijo que si bien no ponía en duda la existencia de los documentos que acreditaban los pagos de los contribuyentes, negó que se quedara con el dinero.

Monosílabos

Ante la reiteración de expedientes que le iban siendo expuestos, Jose María Bravo empezó a mostrarse algo menos colaborador y comenzó a responder con monosílabos. De esta forma, reconoció que no hallaba explicación al cheque que, por ejemplo, en junio de 2001 recibió de Santiago T.B. por un importe de 4,4 millones de pesetas que había sido ingresado en una cuenta de Kutxa de la que era titular. Este tipo de respuestas se mantuvieron en muchas de las interrogantes que en parecidos términos le formularon los agentes.

Durante la declaración Bravo admitió que compartía una cuenta y una caja de seguridad en el BBVA con la también acusada Pilar Gracenea. «Fue por cuestión de seguridad, para poder dejar el dinero de la inmobiliaria», dijo el acusado. De igual manera hubo de responder a varios ingresos en otras cuentas de las que es titular. En una de ellas de la que es cotitular con su esposa, de julio de 2003 al mismo mes del año siguiente, ingresaron 54.500 euros. «Pudieran corresponder con ingresos para financiar una obra de unos apartamentos en Sallent de Gállego y las aportaciones vendrían de su salario y en parte de la inmobiliaria Urdanibia», se indica en la declaración.

José María Bravo deberá prestar de nuevo declaración el próximo 26 de junio, esta vez ante la juez que instruye el caso. También estará presentes en el interrogatorio el fiscal y los letrados de las defenesas y de la Diputación que ejerce la acusación particular.