La investigación sobre el fraude de Irun detecta once expedientes irregulares más

SAN SEBASTIÁN. DV. La Fiscalía ha incorporado once expedientes más con presuntas irregularidades a la investigación sobre el presunto fraude de la Hacienda de Irun. Estos once expedientes se sumarían a los 24 ya existentes, así que, por el momento, la Fiscalía estaría analizando un total de 35 expedientes con supuestas anomalías. Según la Diputación de Gipuzkoa, la Hacienda Foral ha dejado de ingresar 5.070.000 euros por las presuntas irregularidades detectadas en su oficina de Irun. En total, las cuatro personas imputadas por la jueza se habrían apropiado de 1,5 millones de euros.

Aunque la jueza ha citado a declarar el 11 de julio a José María Bravo, ex director de la oficina tributaria de la localidad fronteriza y principal imputado en la causa, la Diputación de Gipuzkoa y la Fiscalía siguen trabajando codo con codo en la búsqueda de posibles irregularidades cometidas en la Hacienda irunesa. El trabajo llevado a cabo hasta ahora ha dado como resultado la aparición de 35 expedientes irregulares, aunque fuentes de la investigación no descartan que este número se amplíe.

Por su parte, LAB se personará como acusación popular en el proceso judicial abierto por el presunto fraude. La juez que instruye el caso ha aceptado que LAB se persone en el caso siempre que abone una fianza de 2.000 euros, ya que el sindicato abertzale no ha precisado cuál es «el bien jurídico que protege y que podría haber resultado lesionado».

La juez Almudena Ovejero emitió un auto en el que acepta la petición de LAB, pero desestima la efectuada por un abogado, Fernando Argote, ex empleado de la Diputación de Gipuzkoa, que ha mantenido diversos contenciosos judiciales con el ex senador Víctor Bravo, hermano de José María Bravo.

La juez le indica a Fernando Argote que para personarse en la causa como acción popular lo deberá hacer mediante querella y previo pago de una fianza de 1.000 euros, ya que la magistrada «ignora cuál es el interés legítimo en el que se ampara el señor Argote para mostrarse parte de esta causa».

Ovejero señala que, en su escrito de petición, el abogado no hace «ni siquiera una mera referencia» a las razones que le llevan a personarse, lo que impide «controlar» si su finalidad «responde a fines espurios o que pudieran suponer el ejercicio abusivo de un derecho».

La juez considera que las circunstancias de LAB son distintas y no precisa de la querella al tratarse de una persona jurídica constituida con anterioridad a la incoación de este proceso y en cuyos estatutos «podría incluirse la defensa de algunos de los bienes jurídicos supuestamente lesionados en la presente causa».