Se inicia el derribo de otra villa en Ondarreta

Villa Kanimar se ha convertido este lunes el último edificio singular que las grúas han echado abajo en la zona de Ondarreta, en San Sebastián. Entre la expectación de los paseantes que móvil en mano registraban el derribo, los trabajadores iban cambiando la fisonomía de este barrio donostiarra justo en frente de donde se ubicaba el restaurante Chomin y que también desapareció hace poco más de un mes.

Las Villas Kanimar y Kanasí, construidas en 1929 por el arquitecto Manuel Ignacio Galíndez, están situadas en la calle Infanta Cristina 18-20. El diseño de los apartamentos que las sustituirán se asemejará al proyectado en Chomin, y al igual que la distribución del edificio de la calle paralela, en este caso también albergará seis viviendas con sus respectivos garajes y trasteros.

Las decisiones urbanísticas están generando cierto revuelo en los últimos meses, sobre todo las relativas al patrimonio construido y, especialmente, las que atañen a edificios que por una u otra razón tienen cierta singularidad.

Con varios frentes abiertos y con disposición a calmar las aguas, el gobierno municipal anunció en agosto que estudiaría al detalle y de forma individualizada las solicitudes de derribo de la zona Ciudad Jardín 1 -conocido como Villas de Ondarreta- y que revisaría la protección urbanística de este ámbito. Sin embargo, para cuando el Ayuntamiento adoptó esa decisión ya había dos excepciones que confirmaban la regla: Chomin y Kanimar Kanasí. Dos procesos de derribo y reconstrucción que ya se habían iniciado y que el delegado de Urbanismo, Enrique Ramos, confesó que aplicarles la medida con carácter retroactivo sería «complicado».

Por lo tanto, estos proyectos siguieron adelante con el proceso y las promotoras, una vez conseguida la licencia de derribo por silencio administrativo -transcurrieron tres meses desde que realizaron la solicitud sin haber recibido respuesta alguna por parte de la administración local- se aventuraron a requerir las licencias pertinentes para construir viviendas de lujo y de estética más moderna que las actuales.

Tanto la villa de Chomin como Kanímar y Kanasí estuvieron en su día protegidas por la normativa municipal, aunque sus fichas fueron eliminadas de la última versión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC).

Protesta de la agrupación Áncora

La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa había admitido a trámite la denuncia de la agrupación cívica Áncora por la comisión de un supuesto delito contra el patrimonio histórico por parte del Ayuntamiento de San Sebastián. Esta entidad se felicitaba el pasado 31 de diciembre de que la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Sánchez Recio, hubiera «admitido a trámite la denuncia, ordenando el traslado de este expediente al Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, que instruirá el caso por la vía de lo penal». El colectivo explicaba en su escrito que el expediente se encontraba en la «fase de diligencias previas, recabando documentación del Departamento de Urbanismo» del Ayuntamiento.

El 10 de junio el concejal de Urbanismo ordenó suspender la concesión de licencias en Ondarreta, ante la revisión de la normativa de protección urbanística (PEPPUC) acordada por el gobierno municipal. Esta decisión no fue óbice para que continuaran su tramitación los expedientes que se habían iniciado antes de esta fecha, como el de la villa Kanimar, cuyos propietarios quieren convertir en seis nuevas viviendas. Urbanismo no otorgó la licencia de derribo solicitada, pero sí una «certificación de acto presunto» en la que venía a reconocer que se había producido un silencio administrativo que permite de hecho la demolición. Los promotores ademas obtuvieron la licencia de construcción de las nuevas viviendas el 9 de agosto.

El colectivo de defensa del patrimonio consideraba que el Ayuntamiento ha incurrido en numerosas irregularidades en la tramitación de estos expedientes urbanísticos. Áncora «presentó alegaciones», solicitó «su reincorporación al catálogo» de edificios protegidos (PEPPUC) y se personó «como parte interesada en los expedientes de derribo», además de presentar una reclamación ante el Ararteko.