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Tras meses de negociaciones, la compraventa de los cuarteles de Loiola por parte del Ayuntamiento parece que está cercana. Aunque todavía el consistorio y el Ministerio de Defensa no han cerrado el acuerdo, «la perspectiva no es mala y esperamos hacerlo este verano». Así lo ... adelantó este martes el alcalde, Eneko Goia, en su comparecencia semanal tras la reunión de la Junta de Gobierno Local. «Empieza el verano y todavía no se ha conseguido cerrar el acuerdo. Muchas veces el demonio está en los detalles y es lo que ocurre en este caso. Estamos trabajando en ello», precisó el edil para justificar que no se hubiera cerrado el asunto en primavera.
La principal razón por la que ambas partes todavía no han sellado el acuerdo está en la letra pequeña en los detalles. Concretamente en «implicaciones económicas de la operación, sobre los impuestos, y también algunos asuntos jurídicos. No es por el precio. Hay que tener todo bien analizado porque es una cuestión de envergadura y hay que trabajarla bien», añadió. «No es una cuestión sencilla. Estamos en ello», remachó Goia.
Aunque ha pasado año y medio desde que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometiera a enajenar los terrenos de los cuarteles de Loiola a favor del Ayuntamiento de San Sebastián y que los plazos previstos no se han cumplido, la perspectiva «no es mala», explicó el alcalde. El primer edil confía en que «durante este verano podamos dar cuenta de que se ha alcanzado un acuerdo». Ya en febrero, el regidor donostiarra señaló que ambas instituciones se encontraban «en la cocina» de un entendimiento y que confiaba en que en abril pudiera resolverse. Durante estos meses los equipos negociadores han seguido puliendo detalles de un acuerdo que parece atado en el fondo de la cuestión.
El objetivo del gobierno municipal es hacerse con la propiedad de estas 17 hectáreas de suelo para impulsar el desarrollo urbanístico de la vega del río Urumea. En este nuevo ámbito urbano se prevé la construcción de alrededor de 1.700 viviendas. El precio a pagar por el consistorio dependerá, entre otros factores, del porcentaje que se destine a pisos protegidos.
Cabe recordar que la venta de los terrenos de los cuarteles fue la principal cuestión que pactó el grupo parlamentario del PNV durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado 2021. Lo hizo a través de una enmienda parcial a las Cuentas que el Ejecutivo de Sánchez finalmente aceptó el 24 de noviembre de 2020. La enmienda era muy clara: «El Gobierno culminará, durante el ejercicio 2021, la enajenación al Ayuntamiento de Donostia de los terrenos que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de Loiola». Pero, como suele ser habitual en este tipo de negociaciones, los avances logrados no han sido suficientes para que el pacto se cerrara en plazo.
La adquisición de los 171.024 metros cuadrados que ocupan los cuarteles del Ejército de Tierra en este barrio ha sido una reivindicación histórica del Ayuntamiento para impulsar el desarrollo residencial en la vega del río Urumea. La operación de compraventa de esta superficie llega en un momento clave al haberse iniciado hace unos meses la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Es en este marco en el que se definirá qué papel jugarán estos terrenos en el desarrollo de la cuenca del Urumea.
La comisión técnica que se creó para alcanzar un acuerdo ha ido avanzando en cuestiones como la definición de los límites de la propiedad, la superficie construible total y otros aspectos urbanísticos y jurídicos. También se han entablado conversaciones con URA con el objetivo de conocer qué obras habrá que acometer en la curva del río dentro del plan de prevención de inundaciones, sobre la necesidad de sustituir el actual puente y la posibilidad de construir un segundo paso sobre el cauce del Urumea.
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