El Ayuntamiento se ve abocado a expropiar el caserío Astiñene para evitar su derrumbe

La delegada del PNV explicó que los dueños reciben multas mensuales de 3.000 euros por no ejecutar las reparaciones urgentes que necesita el histórico inmueble, en un delicado estado de salud. «Hemos hablado muchas veces con ellos y les hemos impuesto un montón de sanciones, pero con tantos cambios de propiedad entre sociedades es difícil llegar hasta ellos y hacerles cumplir» el mandato judicial.

Hay que recordar que en 2018 un informe técnico municipal ya advertía del estado «deficiente» de la cubierta, que precisa de «reparación inmediata». También apreciaba un «deterioro progresivo» en los elementos de sillería del caserío ubicado en el barrio de Egia, cuya conservación se especifica en el catálogo municipal de patrimonio (Peppuc), donde la vivienda figura con un grado C de protección. La madera que conforma el entramado en fachada se encuentra asimismo «afectada» por la falta de mantenimiento a lo largo del tiempo.

La sociedad que entonces detentaba la titularidad del inmueble recurrió ante los tribunales y, aunque en primera instancia estos le dieron la razón por un supuesto acceso al interior sin autorización, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revocó la sentencia y se puso del lado del Ayuntamiento en este contencioso.

Antes de que la causa se judicializara, en diciembre de 2014, este caserío de ribera del siglo XVII –que estaba deshabitado– fue clausurado por motivos de seguridad. Una medida preventiva que se demostró acertada cuando la cubierta se desplomó el pasado mes de octubre.

En el programa de gobierno para la presente legislatura, PNV-PSE se comprometen a la «recuperación y renovación» del caserío, uno de los pocos inmuebles anteriores a 1813 que siguen en pie en la ciudad. Durante la campaña electoral, Eneko Goia fue más concreto y propuso adquirir el edificio, rehabilitarlo y sacar a concurso su explotación para convertirlo en un «punto de referencia» en el eje de tránsito peatonal del paseo fluvial del Urumea.

Con la vía de la expropiación en el horizonte, esta posibilidad cobra visos de convertirse en realidad, algo que EH Bildu aplaude. «Nos alegra saber que el gobierno municipal está intentando hacerse con la titularidad del edificio, que cada vez se encuentra en peor estado de conservación», dijo ayer el edil Ricardo Burutaran. Arzallus, por su parte, avanzó que su departamento consultará a la Dirección Jurídica sobre los pasos a dar en este sentido.