El fin de la concesión de Bretxa abre una etapa plagada de incógnitas económicas y jurídicas

El gobierno municipal se reunirá hoy de forma extraordinaria, antes de la celebración del Pleno ordinario del Ayuntamiento, para desestimar las alegaciones presentadas por Baika Mercados y declarar la caducidad de la concesión. Esto quiere decir que el Ayuntamiento culmina el proceso para dar por finalizado un contrato que le unía a esta empresa hasta el año 2049, ante el cúmulo de incumplimientos en que ha incurrido en el último año y medio y ante su falta de respuesta a los continuos requerimientos municipales.

El Ayuntamiento ha ido agotando todos los plazos para cargarse de razones en una batalla jurídica que no ha hecho más que empezar. El 20 de febrero acordó incoar el expediente de resolución del contrato para la explotación y gestión del mercado y hoy lo finaliza tras recibir un informe de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que avala los pasos dados hasta la fecha para resolver los vínculos contractuales con esta empresa. En el dictamen que hoy aprobará la Junta de Gobierno se procede a «incautar la garantía definitiva» de la concesión, se inicia el procedimiento para valorar la indemnización a abonar a Baika por adelantar 25 años el plazo del contrato y también se abre otro procedimiento para determinar los «daños y perjuicios» causados por la concesionaria al Ayuntamiento. Finalmente se da a Baika un plazo de 90 días para «desalojar» las instalaciones de la Bretxa, con la advertencia de que de no hacerlo así «perderá el derecho de indemnización y se procederá a su lanzamiento». Hasta que se produzca el desalojo efectivo, la hasta ahora concesionaria «quedará obligada a mantener y abonar todos los servicios y suministros necesarios para asegurar la continuidad de las actividades y la seguridad de los edificios y las personas».

La resistencia de Baika a dejar la Bretxa ya se ha hecho evidente con las alegaciones y los recursos interpuestos, el último ante la OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi), contra la decisión municipal de licitar las obras de urbanización de Pescadería, unos trabajos abandonados desde hace más de un año sin explicación por la hasta ahora concesionaria.

Es solo el comienzo de una batalla que el Ayuntamiento tendrá que librar contra Baika en los tribunales. La actitud dilatoria de esta empresa y el «flagrante incumplimiento» de sus obligaciones ha llevado al Ayuntamiento a decir 'hasta aquí hemos llegado'. La concesionaria saliente recibirá una indemnización –fuentes municipales hablan de cantidades en torno a los 10 millones de euros–, que se reducirá sustancialmente por los daños y perjuicios causados y el daño reputacional que le acompañará a partir de ahora ante el comportamiento demostrado en el mercado donostiarra. Eso sin hablar de los dos millones de euros que dejará de ingresar cada año, durante el próximo cuarto de siglo, por los alquileres que cobraba a los negocios del centro comercial de la Bretxa.

El Ayuntamiento no solo tendrá que defender de la mejor forma posible los intereses de la ciudad en la batalla judicial contra Baika sino que tendrá que tomar el mando del centro comercial de forma efectiva. Tras el acuerdo PNV-EH Bildu-PSE para que la Bretxa no se saque de nuevo a concesión, el gobierno municipal debe prepararse para gestionar de forma directa el mercado (probablemente a través de Fomento) y asegurar la ejecución de todas las obras que restan para completar la reforma de Pescadería y la plaza.