San Sebastián

Luz verde a la venta de los cuarteles de Loiola, donde se construirán 1.500 nuevas viviendas

El acuerdo político para ceder estos terrenos a Donostia se gestó hace 3 años en un momento clave de la política española, el apoyo del PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y el broche de la negociación se va a producir en otro momento crucial, a escasos días de la investidura de Pedro Sánchez, cuando el presidente en funciones trata de sumar los apoyos necesarios entre los grupos progresistas y nacionalistas del Congreso de los Diputados.

Durante dos años, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento negociaron un complejo acuerdo para traspasar estas parcelas y tuvieron que hacer frente a obstáculos como la sentencia que, a impulso de Vox, dictó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que obliga a proteger dos de los edificios militares. La 'fumata blanca' se produjo ahora hace un año con la fijación de un precio de 73,3 millones de euros por la adquisición de los 175.0000 m². Durante los últimos doce meses ambas administraciones han ido reuniendo los informes necesarios para materializar la compraventa pactada. Y el camino no ha estado exento de sobresaltos. El mayor fue la convocatoria electoral del 23 de julio. En el Ayuntamiento no las tenían todas consigo sobre qué pasaría si había cambio de inquilino en la Moncloa. Los resultados electorales, sin embargo, no propiciaron un cambio de gobierno.

Pese a la intranquilidad municipal, el Ministerio de Defensa fue reuniendo los informes favorables al convenio. El primer trámite básico era desafectar las instalaciones de Loiola de los intereses de la Defensa Nacional. Después hacían falta dos informes clave: el visto bueno de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el del Departamento de Costas. Todo ello se había reunido en las últimas semanas, pero la complejidad de la investidura de Pedro Sánchez añadía nueva incertidumbre sobre la cuestión.

Finalmente, el viernes pasado la ministra de Defensa, Margarita Robles, telefoneó al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, para comunicarle que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el convenio el próximo día 7. El diputado jeltzale llamó al alcalde donostiarra para comunicárselo. Mañana, jueves, está previsto que el asunto se incluya en el orden del día del Consejo de Ministros del próximo martes.

«En cuanto me llegue la certificación del acuerdo ordenaré el pago de los 5 millones de euros iniciales», ha explicado este martes Goia a los periodistas. A partir de entonces se abrirá un período máximo de 6 meses para completar los 73,3 millones de euros acordados. El Ayuntamiento irá a la firma de las escrituras con un préstamo bancario de 59,7 millones de euros -ahora se elaboran los pliegos para hacer un concurso con las entidades financieras- y completará el resto del montante con remanentes de tesorería, como se explicó en uno de los primeros plenos de la legislatura.

¿Y qué se pretende desarrollar en esos terrenos? El Ayuntamiento empieza ahora a diseñar la transformación de las parcelas con el objetivo de que sirvan para aliviar parte de las necesidades de vivienda de los donostiarras. Aún no se sabe qué cantidad exacta de vivienda se edificará ni qué proporción será protegida. El debate comienza ahora, aprovechando la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. El nuevo barrio oscilará entre 1.400 y 1.700 viviendas de diferentes modalidades y las cargas de urbanización serán las que den la medida de la proporción de vivienda pública que se pueda edificar. Un 40% es el mínimo legal. De ahí en adelante dependerá de los números y de la voluntad política y la capacidad económica municipal.

El gobierno local no solo quiere cantidad sino calidad residencial. Aspira a dar lugar un nuevo barrio que se salga de lo ya conocido. Un primer boceto encargado a un grupo de arquitectos locales habla de un «urbanismo asimétrico» que abandone la tipología de edificios manzana; una trama viaria en forma de cruz que genera cuatro ámbitos residenciales totalmente peatonales; y una arquitectura que propicie la máxima integración paisajística con el parque de Ametzagaina y con el Urumea. Se construirán dos nuevos puentes y un elevador inclinado comunicará con Intxaurrondo. Todo el barrio elevará su cota 3 metros respecto a los actuales cuarteles para blindar las viviendas ante las crecidas del río.