Los cuarteles podrán tener más del 40% de VPO si la operación es económicamente viable

¿Cuánta VPO y de qué tipo se podrá construir en los cuarteles de Loiola? De momento, solo hay una cosa clara: Las 17,5 hectáreas de suelo costarán 73,3 millones de euros. El Ayuntamiento negocia con varias entidades un crédito de 60 millones de euros para costear esta primera ronda de la 'operación cuarteles' que habrá que pagar seis meses después de que se entregue un anticipo de 5 millones de euros en la firma del acuerdo.

A esa cantidad habrá que añadir unos costes de urbanización que no serán una bagatela porque hay que construir dos nuevos puentes y elevar la rasante del nuevo barrio 3 metros de altura para evitar inundaciones –lo exige la Agencia Vasca del Agua (URA)–, y luego hay que sumar la edificación de los 1.500-1.700 pisos. La factura de la construcción del nuevo barrio no será, por tanto, una cosa menor y la cuesta puede empinarse si la proporción de VPO aumenta y si la apuesta es por la vivienda protegida de alquiler más que por la tasada. El Ayuntamiento podría, en teoría, destinar toda la promoción a pisos de alquiler, pero tendría que afrontar un endeudamiento probablemente inviable. Entre el todo y la nada hay una infinita gama de grises que el gobierno y toda la corporación municipal en su conjunto deberán debatir.

Tanto el alcalde, en declaraciones realizadas en los últimos meses, como la propia concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, han señalado que la operación deberá ser «viable y sostenible económicamente». Ese será el criterio fundamental para establecer la proporción de vivienda protegida que finalmente tenga el nuevo barrio. Es decir, haremos cuanta vivienda pública podamos dentro de la sostenibilidad económica que aconseje la operación.

El lunes, en la Comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio del Ayuntamiento, el portavoz de Elkarrekin, Víctor Lasa, interpeló a la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, sobre los motivos por los que el precio de los terrenos de los cuarteles se basaran en edificar un 40% de VPO, el mínimo legal establecido en la normativa vasca. «En una compraventa es el vendedor el que lleva la voz cantante», le respondió Arzallus. A menos VPO y más vivienda libre, más valor del suelo. «Están ustedes en el Gobierno de España», le espetó Arzallus al representante de la coalición en la que está Podemos, «si tan preocupados están por el precio que vamos a pagar no sé por qué no han influido para que Defensa nos baje el precio».

No es que el Ayuntamiento se conforme con un 40% de VPO. Este es un criterio objetivo de valoración utilizado en la negociación porque «el vendedor quiere sacar el máximo beneficio» a su terreno. Luego «será la viabilidad de la operación, los costes y las cargas de urbanización, las que darán la medida de cuánta vivienda tasada y cuánta de alquiler podremos hacer» en Loiola.

Para quienes están en los gobiernos los números son importantes a la hora de gestionar operaciones de esta envergadura porque un descalabro económico puede comprometer la economía de la administración. Los grupos municipales que no están en el ejecutivo suelen afirmar, por el contrario, que «la voluntad política» es un ingrediente casi tan importante o más que la economía a la hora de marcar el rumbo de estos grandes proyectos. Elkarrekin Donostia anunciará este miércoles una iniciativa sobre los cuarteles de Loiola. En resumidas cuentas, cuando se habla de vivienda, los responsables políticos deben explicar 'quién pagará la fiesta' y en qué proporción: ¿el conjunto de los ciudadanos (la administración) o quienes vayan a residir temporal o definitivamente en los pisos?