Investigan a la directora de Euskadiko Kirol Portua por el reparto de amarres del Muelle donostiarra

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián ha admitido a trámite la querella criminal presentada contra Edurne Egaña, directora de Euskadiko Kirol Portua (EKP), sociedad del Gobierno Vasco que gestiona los amarres del Muelle donostiarra, por los presuntos delitos de prevaricación, coacciones y acoso, según se recoge en el auto judicial.

El tribunal cita a declarar a la demandada el próximo 12 de diciembre sobre el proceso de licitación de los amarres, que según se denuncia se ha desarrollado con «arbitrariedad, no transparencia, desigualdad e indefensión de los usuarios y los licitadores», lo que denota «más que mera incompetencia por parte de EKP». «Este proceso está plagado de irregularidades que se tapan con más irregularidades», argumenta el querellante, propietario de una embarcación y titular de una plaza en el puerto.

En la denuncia se describe cómo el dueño del barco fue agraciado con un amarre en la adjudicación de septiembre de 2021, que después se anuló por los recursos de los no afortunados, y posteriormente «y sin mayor explicación» se le instó a «abandonar la plaza en un mes bajo amenaza de desalojo forzoso». «La directora de EKP envió una carta a los usuarios con la amenaza de que saquen su barco del pantalán y poco más o menos que se atengan a las consecuencias en caso de no hacerlo así».

En la querella se señala que «a lo largo del proceso se han ido modificando los criterios de adjudicación de plazas de amarre» y se describen otras presuntas irregularidades como la «admisión de varias solicitudes de una misma persona, de barcos que no han presentado ninguna solicitud, de personas que no tienen barco y de barcos extranjeros», entre otras. En el escrito del demandante al juzgado se advierte de que hay «docenas de personas en la misma situación».

En abril de 2021, el Gobierno Vasco puso en marcha el proceso de renovación de las concesiones de los 384 amarres para embarcaciones de recreo del Muelle. Dadas las características físicas del Muelle donostiarra, quedaron excluidas de la convocatoria las motos de agua, náuticas o acuáticas. Los actuales ocupantes no tendrían preferencia sobre los nuevos solicitantes. El plazo de concesión de uso de los puestos de amarre era de 15 años a contar desde la fecha de otorgamiento. Según figuraba en los pliegos, el criterio general de asignación de los amarres sería la optimización de la ocupación de la lámina de agua para cada categoría, por lo que era preciso facilitar las medidas de la embarcación al realizar la solicitud. Las situaciones de igualdad se resolverían mediante sorteo, algo que según el demandante no se hizo.

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