Donostia y el Gobierno Vasco desbloquean los apartamentos para jóvenes y mayores

El acuerdo ha llegado con la nueva consejería de Vivienda dirigida por Denis Itxaso, tras finalizar la pasada legislatura sin un entendimiento con el Ayuntamiento donostiarra. Donostia tiene casi 600 alojamientos dotacionales en la ciudad y siempre ha mostrado una fuerte inclinación a desarrollar parcelas de equipamiento para habilitar nuevos apartamentos protegidos de alquiler. No se trata de viviendas en las que poder desarrollar un plan de vida completo, sino alojamientos transitorios, que sirven para un momento concreto de la vida de las personas. En concreto, esta fórmula de uso temporal de una residencia pública se ha utilizado para la emancipación de los jóvenes –los apartamentos se alquilan con un límite de plazo de 5 años– y también para personas mayores autónomas que tienen problemas de accesibilidad en sus casas.

El 17 de marzo de 2020, el Ayuntamiento y el departamento vasco de Vivienda firmaron un convenido para la promoción de hasta 300 apartamentos dotacionales en San Sebastián. El Ayuntamiento ponía los suelos y el Gobierno Vasco costeaba su promoción y construcción. Mediante una modificación del convenio llevada a cabo en 2022 se concretaron dos parcelas en Morlans y una en Riberas de Loiola para este fin.

Vivienda ha impulsado en primer lugar el desarrollo de la parcela de Riberas que inicialmente se iba a transformar en dos torres bioclimáticas con 120 apartamentos y que finalmente se han quedado en 80 tras una fuerte polémica con el vecindario del entorno. Pero la principal traba a este proyecto ha aflorado durante la tramitación del plan especial cuando el Gobierno Vasco ha requerido al Ayuntamiento la cesión directa y gratuita de la parcela para avanzar en la promoción.

El Departamento de Urbanismo del consistorio donostiarra se vio sorprendido por esta reclamación cuando desde hacía unos años se aceptaba la fórmula de la «mutación demanial» en la que lo que se cede no es la titularidad del suelo sino el uso del mismo para los fines requeridos. El embrollo jurídico subió muchos enteros el tono de la polémica entre ambos departamentos en los meses previos a las elecciones autonómicas.

El Gobierno Vasco llegó a proponer una fórmula intermedia que consistía en que la administración municipal «desafectase previamente su suelo para que dejara de ser un bien de dominio público y una vez eliminada esta característica cediera la superficie al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco «mediante una transmisión patrimonial cualquiera». Lakua realizaría entonces el camino inverso al del Ayuntamiento «afectando esa parcela como un bien de uso y dominio público de la Comunidad Autónoma Vasca», lo que permitiría su uso de pleno derecho para el fin pactado de construir los apartamentos dotacionales.

Esta propuesta tampoco se aceptó y en los últimos días ambas instituciones han llegado a un acuerdo para transmitir el suelo mediante una «cesión directa y gratuita» como reclamaba Vivienda. El gobierno municipal sancionará el próximo martes la operación con la aprobación en la Junta de Gobierno Local de esta fórmula, que viene a modificar el convenio que firmaron ambas partes en 2020-22.

Donostia se resistía a este modelo de cesión no por capricho sino porque algunos registradores de la propiedad habían puesto trabas a transmitir un bien de dominio y servicio público municipal. Sin embargo, el amparo jurídico que recoge el dictamen despeja cualquier duda que pudiera haber en estas cesiones de suelo que, por otra parte, se han efectuado en otros municipios vascos. Por un lado, porque es la propia la Ley 2/2015, de 18 de junio de, Vivienda de Euskadi la que en su artículo 24.2 precisa que los suelos para alojamientos dotacionales «quedarán incorporados al patrimonio público de suelo correspondiente y tendrán la condición de bienes demaniales afectos a un servicio público. No podrán ser objeto de transmisión, sin perjuicio de la posibilidad de su directa cesión entre administraciones públicas con competencias en materia de vivienda».

Igualmente, la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, en sus artículos 117 y 118, «admite la enajenación directa y gratuita entre administraciones públicas», precisa el dictamen que se aprobará el martes en Junta de Gobierno. Asimismo, se cita el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales que en su artículo 109.2 señala que los bienes no podrán cederse gratuitamente «sino a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del termino municipal».

Con esta cobertura legal el Ayuntamiento entiende que se despejan las incógnitas para ceder al Gobierno Vasco las dos parcelas de Morlans y la de Riberas para hacer 240 apartamentos dotacionales. «Los dos departamentos tenemos el objetivo de sumar fuerzas para ofrecer nuevos alojamientos a la población donostiarra», señaló la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus (PNV). «El Gobierno Vasco necesitaba, para hacer esta fuerte inversión, disponer de la titularidad y el pleno dominio de las parcelas y finalmente hemos acordado el método y la letra pequeña. Espero que este sea el paso definitivo que sirva en el futuro al objetivo compartido de generar soluciones residenciales para nuestros ciudadanos».