Donostia cifra en siete los expedientes aún por reactivar sobre obras sin licencia en la Parte Vieja

«Como habían sido archivadas, hay que volver a poner en marcha el expediente», subrayó Arzallus, quien aseguró que «se está haciendo una labor intensa y ya se ha informado al personal técnico del departamento sobre los criterios de actuación». La edil jeltzale apuntó que los procedimientos sancionadores «se están reabriendo paulatinamente, aunque hay otros asuntos que atender en Urbanismo».

El concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran advirtió de que se ha abierto un «plazo de legalización» de las obras realizadas sin permiso -en su mayoría por parte de establecimientos hosteleros-, algo que consideró «no procedente ya que han sido declaradas como no legalizables». «La norma es clara y obligatoria y a la delegada le corresponde aplicarla. Sabe que el 95% de las actuaciones denunciadas no son legalizables, pero da apariencia de que cumple la normativa sin hacerla cumplir. Lo que está haciendo es dar más tiempo a quien incumple para que siga incumpliendo», dijo Burutaran, al tiempo que recordó que en este tipo de infracciones «no cabe la prescripción». Arzallus le contestó que la normativa «establece un plazo de legalización, algo que usted -en alusión al exdelegado de Urbanismo de EH Bildu- también hacía».

El gobierno municipal ha decidido reactivar los expedientes tras conocerse un informe jurídico en octubre de 2024 que concluía que «el Ayuntamiento es competente para tramitar las denuncias, exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística a través de la legalización de las obras y, en caso de no ser legalizables, ordenando la reposición de la situación alterada e incoando los correspondientes expedientes sancionadores».

Con esta resolución, la secretaria general del consistorio -máxima responsable de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente- echaba por tierra la forma de proceder de Urbanismo ante las denuncias vecinales por obras clandestinas en la Parte Vieja: declararse no competente por tratarse este barrio de un Conjunto Monumental y remitir los expedientes a la Diputación, que a su vez esgrimía no tener competencias urbanísticas, por lo que finalmente las denuncias se archivaban sin que se hubiera sancionado al responsable de la obra ni se hubiera ordenado la reposición de la situación alterada.