Donostia precintará el Zmare si no subsana en cinco días los incumplimientos detectados

En este «segundo y último» requerimiento dictado por el Servicio de Patrimonio, el consistorio otorga cinco días a la UTE Zurriola Ocean Center, que explota el establecimiento de Gros, para que «entregue la documentación justificativa de haber adoptado cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento del contrato de cesión y de las condiciones de ocupación y uso del dominio público» contenidas en el título concesional otorgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa.

Entre estos incumplimientos destaca la ausencia de cartel indicativo del carácter público de los aseos, el acopio de materiales para uso deportivo en la zona del sótano que estaba destinada a pasillo para los servicios públicos de la playa de Zurriola, la instalación de duchas y taquillas en un espacio no autorizado, la utilización de la terraza exterior circular para la actividad gastronómica cuando estaba destinada a formación, la ejecución de una obra no autorizada para la construcción de un almacén para hostelería y, el más grave de todos, la utilización para fines hosteleros de toda la primera planta de la edificación cerrada cuando la mayor parte de esta debía destinarse a formación.

Precisamente, por esta última infracción, Costas reclama al Ayuntamiento la devolución del beneficio económico obtenido de manera ilícita por el exceso de mesas de restaurante, que el órgano estatal estima en 584.000 euros. El consistorio advierte a los gestores del Zmare de que, en caso de que Costas formalice esta reclamación, la repercutirá a la UTE.

Asimismo, el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento ha abierto expediente sancionador a la UTE Zurriola Ocean Center por los ocho incumplimientos que aún persisten en el Zmare: todos menos el acopio de mobiliario de terraza en la barandilla del paseo de Zurriola. Por estas infracciones, tipificadas como «graves» o «muy graves» en los pliegos del acuerdo de la concesión municipal, y una vez transcurrido el plazo de cinco días concedido la semana pasada por el consistorio para su subsanación, los gestores del negocio deberán abonar una multa de 4.500 euros.

En este caso se aplica la sanción máxima al haber quedado «acreditada la continuidad y persistencia en la realización de los incumplimientos que se le imputan», según han podido constatar los inspectores de Patrimonio desplazados al establecimiento.

A partir de ahora, tal y como establece la legislación vigente, la UTE sancionada dispone de un periodo de 15 días para presentar las alegaciones que estime oportunas.

En el expediente municipal se recogen también las reducciones aplicables en virtud de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, se señala que la cuantía de la multa se rebajará un 20% –es decir, hasta los 3.600 euros– por «reconocimiento de responsabilidad» por parte del infractor.

También se reducirá un 20% el importe de la sanción por «pago voluntario», mientras que la combinación de ambos supuestos –reconocimiento de la responsabilidad y pago voluntario– se traduciría en una quita del 40%, hasta los 2.700 euros. La efectividad de estas reducciones estará condicionada, eso sí, al «desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción impuesta».