Donostia deja en suspenso el convenio de los cuarteles para que no expire el día 18

El convenio para la compraventa de los cuarteles de Loiola se firmó el pasado 18 de diciembre y agotaba realmente su plazo seis meses después, el 18 de junio, pero el Ayuntamiento hizo uso de la estipulación quinta para prorrogar dos meses más, hasta el 18 de agosto, la formalización de las escrituras de la transmisión. Para entonces ya se conocía el primer elemento perturbador: el Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa publicó el 27 de mayo en el BOG la incoación de un expediente de rectificación del deslinde en los terrenos del acuartelamiento de Loiola.

Los cuarteles militares mantenían una servidumbre urbanística de 20 metros respecto del río al estar estos suelos afectos a la Defensa Nacional. Una vez que el Ministerio de Defensa culminó la desafección de estos terrenos para proceder a su venta al Ayuntamiento, Costas entendió que estas parcelas eran reservas de suelo a las que se debía aplicar una servidumbre de 100 metros respecto del río. Esta decisión comprometía gravemente los planes para construir 1.500 viviendas en este ámbito dado que no se podría edificar en los 100 metros más próximos al Urumea.

Tanto el Ayuntamiento como Defensa presentaron alegaciones a esta decisión de Costas al considerar que esos terrenos son urbanos a todos los efectos desde hace décadas y, por tanto, no se les puede aplicar las servidumbres establecidas en la Ley 28/1998 por lo que se debe mantener la franja de protección que existía hasta ahora: 20 metros respecto del Urumea, 100 metros como se pretende por parte de Costas. En teoría y con la ley en la mano, Costas tiene 24 meses para responder a las alegaciones, aunque el gobierno municipal cree que la cuestión se resolverá en las próximas semanas.

Sin embargo, en los últimos días se ha producido un segundo elemento perturbador. Ayuntamiento y Ministerio de Defensa tuvieron conocimiento el 22 de julio de la interposición de un recurso en la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra el convenio firmado en diciembre para la compraventa de los cuarteles de Loiola. La administración municipal desconoce aún quién presentó el recurso y su contenido.

A la vista de la nueva situación, Ayuntamiento y Ministerio de Defensa han acordado «dejar en suspenso» la estipulación del convenio que establece el 18 de agosto para la formalización de las escrituras públicas de compraventa. Esta suspensión «se mantendrá hasta que se notifique al Ayuntamiento de San Sebastián la resolución con carácter definitivo en la vía administrativa del expediente de rectificación, en el tramo de unos 920 metros de la margen derecha del río Urumea colindante con los terrenos del Acuartelamiento de la Loiola y, además, se conozca el contenido de la demanda del Procedimiento Ordinario 230/2024» presentada en la Audiencia Nacional, según señala el acuerdo firmado hace unos días por el alcalde, Eneko Goia, el director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Sebastián Marcos, y la secretaria de Estado de Defensa, Mari Amparo Valcarce.

La suspensión del convenio es sine die. A partir de que se conozca la resolución definitiva de Costas y se conozca el contenido del recurso presentado en la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento tendrá un mes para «comunicar a las otras dos partes en el convenio su voluntad de continuar o no con la adquisición de las propiedades objeto del convenio», concluye el acuerdo.

Esto quiere decir que si Costas no admitiese los argumentos municipales para mantener una franja de protección de 20 metros, y no de 100, en los cuarteles o si conocido el recurso presentado en la Audiencia Nacional el Ayuntamiento entendiese que sus planes urbanísticos para esos suelos corrieran peligro, podría echarse atrás en la operación, en la que está previsto un desembolso de 73,3 millones de euros.

Este acuerdo para dejar en suspenso el convenio con Defensa se tramita en el Ayuntamiento como un dictamen fuera de orden del día para su aprobación en la Junta de Gobierno Local del próximo martes.