Tumban definitivamente la exigencia de euskera para ser policía local en Donostia

Así, la convocatoria de dos plazas de empleo de guardia municipal aprobada en Junta de Gobierno el 20 de diciembre de 2022 es declarada nula. Gana el particular defendido por el abogado Francisco Ignacio López Lera. Pierde el plan de normalización del uso del euskera impulsado por el Ayuntamiento y, tal y como señala la severa reacción del alcalde Eneko Goia, también «el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en uno de los dos idiomas oficiales de nuestra comunidad».

El TSJPV no ve motivos para admitir el recurso de casación porque no aprecia un error en la aplicación de la jurisprudencia «sino más bien un juicio diferente de la valoración sobre la exigencia del nivel B2 a las dos plazas convocadas». En definitiva, asume la tesis de que no es necesario acreditar tal conocimiento de euskera para desempeñar las labores de guardia municipal. De hecho, asegura que la administración no aporta pruebas que justifiquen la exigencia.

El nivel B2, calificado como avanzado, permite ser capaz de comprender la mayor parte de los textos referentes a temas generales, así como poder interactuar con fluidez en contextos cotidianos. Es el título al que acceden muchos estudiantes que finalizan la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) y el anterior escalón al conocido EGA, correspondiente al C1.

Cabe recordar que el miércoles los alcaldes de Usurbil y Astigarraga dieron a conocer que sus procesos de elección de Guardias Municipales han recibido recursos por requerir el nivel C1. Ambos defendieron que las personas que ostentan ese cargo «deben ser capaces de hablar con propiedad en euskera con los vecinos, así como hacer un buen uso del idioma en informes escritos».

Donostia había exigido un peldaño menos pero, según los tribunales, no es necesario. O, al menos, no se ha probado necesario, ya que el TSJPV pone el énfasis en que el Servicio de Euskera de Donostia no ha justificado la relación entre el conocimiento del euskera del guardia municipal y el derecho del ciudadano a ser atendido en su lengua. Hace suyo el postulado de que «las funciones propias de Agente de la Unidad de Prevención Permanente de la Guardia Municipal no exigen, por principio, que todos los integrantes de la referindad unidad conozcan el euskera». Llega a argumentar, incluso, que tal servicio no se presta de manera individual y que «se considera suficiente con que uno de los miembros de la pareja tuviera conocimiento de euskera».

Eneko Goia reconoce que «se me hace difícil de entender lo que está sucediendo en los tribunales con el proceso de normalización del euskera que llevamos a cabo las administraciones públicas vascas. Creo que el hecho de que existan dos lenguas oficiales en nuestra comunidad implica una serie de derechos y obligaciones, también por parte de las administraciones al garantizar que el servicio que prestamos a nuestros ciudadanos se pueda dar indistintamente en una lengua u otra».

El caso donostiarra se asemeja a la sentencia dictada en mayo de 2021, cuando el propio TSJPV declaró también nula la convocatoria de empleo de Policía Local que el Ayuntamiento de Irun puso en marcha en 2017 para cubrir 12 plazas.

Para Eneko Goia, uno de los efectos colaterales más graves de este tipo de pronunciamientos es «la inseguridad jurídica» a la que se somete a las administraciones a la hora de poner en marcha sus procesos de selección. La corriente de sentencias judiciales contrarias al euskera ha generado un movimiento denominado «odarraldiaren aurka (contra el asalto)» y esta misma semana el presidente de UEMA, Martin Aramendi, animaba a los municipios a seguir incluyendo los requerimientos de euskera en sus procesos de contratación.