![San Sebastián: El Gobierno Vasco dice que la construcción de la VPO en cooperativa de Txomin arrancará en junio](https://s1.ppllstatics.com/diariovasco/www/multimedia/202203/21/media/cortadas/donostia2-kW9D--1248x770@Diario%20Vasco.jpg)
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AINGERU MUNGUÍA
san sebastián.
Martes, 22 de marzo 2022, 07:22
La construcción del edificio de 109 VPO en régimen de cooperativa podría estar cerca de arrancar. Así se desprende de una respuesta parlamentaria del consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, en la que explica que esta nueva modalidad residencial ha llevado a las entidades financieras ... a reforzar las garantías del préstamo para la edificación, lo que ha dilatado en exceso el proceso. El Gobierno Vasco cree que para mayo podría estar atado el crédito y que en junio se podría iniciar la ejecución de este bloque, el último para completar la primera fase del nuevo Txomin Enea.
Esta promoción es una novedad en el país y se basa en experiencias parecidas ensayadas en otros países europeos. Se trata de una cooperativa de alquiler, en este caso destinada a solicitantes de Etxebide. La cooperativa adjudica a los socios la cesión del uso de la vivienda y sus anejos por un periodo de 75 años –plazo por el que el Gobierno Vasco ha cedido el derecho de superficie de la parcela–. La propiedad permanece en todo momento en manos de la cooperativa. Los cooperativistas, a su vez, por esta cesión de uso, abonarán a la cooperativa un importe o canon mensual, en el que además de la amortización del préstamo que la cooperativa haya contratado para llevar a cabo las obras, están incluidos los conceptos de mantenimiento del edificio y gastos de comunidad.
Los cooperativistas se convierten en «socios» y conformarán «una comunidad» que autogestionarán ellos mismos y que al final también financiarán, de tal forma que el Gobierno Vasco no tendrá que costear la construcción del edificio.
Los futuros inquilinos pagarán una cuota de entrada y después una cantidad mensual o canon como pago del alquiler. Esa aportación les permitirá el uso de la vivienda por el tiempo que quieran: si lo desean, toda la vida, y si deciden marcharse y darse de baja su aportación le será reembolsada y traspasada a otro cooperativista.
El proyecto contempla la creación de 109 viviendas protegidas (5 de ellas para personas con movilidad reducida) de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con calificación energética A. Los socios formarán parte del consejo rector de la cooperativa, que se encargará de gestionar todas las decisiones sobre el inmueble, desde el mantenimiento a la aprobación de las transmisiones del derecho de uso de las viviendas a nuevos cooperativistas. Todo ello bajo el control del Gobierno Vasco, que velará por que se cumplan los requisitos de acceso, restringido a solicitantes de Etxebide que no tengan una vivienda en propiedad y cuyos ingresos anuales sean inferiores a 39.000 euros.
El grupo Arrasate (Bizikide s. Coop) ganó el concurso de concesión realizado por el Gobierno Vasco para gestionar este proyecto. El presupuesto estimado en 2019 para la construcción del edificio ascendía a 12,2 millones de euros.
El parlamentario de EH Bildu Unai Fernandez de Betoño formuló una pregunta en la Cámara Vasca sobre los motivos del retraso de la construcción de este edificio de VPO en Txomin y el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha contestado por escrito que «el principal problema que está teniendo este proyecto es la confirmación de la financiación promotora. Es un producto financiero nuevo, un préstamo hipotecario a una persona jurídica a 30 años, desarrollando por primera vez aquí un proyecto social en régimen de cesión de uso, diferenciado de la propiedad tradicional y su régimen hipotecario al uso, por un importe además muy elevado. Y como todo lo nuevo, requiere de mayores análisis de riesgos y de mayores garantías y cautelas para sacar la operación adelante con las entidades de crédito».
Según ha podido saber DV de fuentes cercanas a la cooperativa, la entidad financiera exigía «garantías totales» al Gobierno Vasco de la devolución del crédito, cuando es la cooperativa la peticionaria de los fondos. Finalmente, el control de riesgos se va a realizar mediante «un análisis de solvencia» de cada cooperativista, algo que aportará las garantías necesarias para aprobar el crédito, según fuentes de la cooperativa.
Arriola señala en su respuesta parlamentaria que el capítulo de la financiación se podría cerrar en «mayo» y que, una vez contratadas las obras, estas podrían arrancar, si no surgen nuevos imprevistos, «en junio».
Hasta ahora los cooperativistas solo han aportado 1.000 euros en concepto de capital social y una vez superen el análisis de solvencia y firmen el contrato pagarán una entrada que rondará los 20.000 euros.
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