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Los asentamientos irregulares en la ciudad son un asunto a debate en el Ayuntamiento. Solo el año pasado la Guardia Municipal realizó 2.680 intervenciones en la cuarentena de lugares donde se detectaron estas acampadas (37 en julio pasado). El alcalde, Eneko Goia, explicó hace unos días en comisión cómo actúa la administración en estos casos. El sindicato LAB había acusado la semana pasada al gobierno municipal de tener una política «xenófoba y racista» por el desmantelamiento de uno de estos puntos en Manteo. El PP lleva hoy al Pleno una moción sobre este asunto que pide desalojar la totalidad de los asentamientos.
EH Bildu solicitó la comparecencia del alcalde en la Comisión de Servicio a las Personas para que explicara el protocolo que sigue la administración municipal ante estas situaciones. Goia ofreció datos sobre estas intervenciones. El año pasado, la Guardia Municipal recibió 250 quejas ciudadanas sobre asentamientos y en lo que va de año ya se han recibido 52. Cuando la Policía Local recibe una denuncia, «se remite a la Dirección de Acción Social para que interactúe con las personas que allí se encuentran asentadas y realice las gestiones sociales pertinentes». Posteriormente «se articula un servicio de seguridad para que estos asentamientos sean lo menos molestos posibles» para el resto de ciudadanos. Durante el año 2024 se realizaron 2.070 intervenciones y 610 «controles» sobre estas zonas. En total, 2.680 actuaciones.
La pauta de actuación de la Guardia Municipal respecto a un asentamiento es la de «identificar» a las personas, «proponerles para sanción» en base al artículo 34 de la Ordenanza de Civismo e «invitarles a que abandonen el lugar». Este artículo de la ordenanza prohíbe hacer acampadas y desplegar sillas y mesas en la vía pública. Si los ocupantes no desisten en su actitud, la norma dice que «los agentes de la autoridad podrán articular los medios necesarios para la retirada inmediata de los mismos».
El alcalde explicó que la primera vez que la Guardia Municipal acude a un asentamiento «invita a los moradores a abandonar el lugar y les da un plazo para que lo abandonen, normalmente de varios días», para que «tengan tiempo suficiente para retirar sus enseres». En los días siguientes, se controla el asentamiento para comprobar si las personas han abandonado el lugar. Si no lo abandonan, se requiere a la sección de limpieza viaria (Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos) para que se proceda a la limpieza de la zona».
Si la Guardia Municipal realiza el decomiso de algún objeto, levanta acta y traslada los enseres a comisaría, «donde quedan depositados a la espera de que el propietario solicite su devolución». Con el acta, se incoa un expediente y «es el instructor del expediente el que determina la devolución o no del objeto, previo abono de la sanción». En el caso de tiendas de campaña u otros objetos de acampada, «son técnicos del departamento de Financiera los que instruyen el expediente sancionador».
La concejala de EH Bildu Izar Hernando preguntó a Goia si se valoran otros factores que no sean las quejas ciudadanas a la hora de actuar sobre los asentamientos. Recordó que los moradores son «personas con una vulnerabilidad extrema» y preguntó si «se les da opción de acceder a recursos municipales para pernoctar».
La concejala de Elkarrekin Podemos Arantxa González señaló que actuar con la Ordenanza de Civismo no va a resolver la cuestión de fondo que generan estos asentamientos, que no es otra que «la falta de acceso a unas condiciones mínimas de vivienda». La concejala del PP Vanessa Vélez reconoció que «hay que atender a estas personas, pero tampoco pueden ser los vecinos los que paguen el pato», y lamentó que Donostia tenga que acoger a personas «porque no son atendidas en otros municipios».
El alcalde cerró el turno de intervenciones recordando que la Policía actúa después de que lo hagan los Servicios Sociales. «La Guardia Municipal hace su trabajo, que es acudir, ver si se está cometiendo una ilegalidad, ofrecer un plazo y desalojar la acampada». Goia recordó a EH Bildu algo que dijo el alcalde de Pamplona, de su formación política: «Pretender dar una solución local a un problema global es imposible porque esto colapsaría el Ayuntamiento».
El PP lleva hoy al Pleno una moción que insta al gobierno municipal a «desalojar, siguiendo el ejemplo de Manteo, la totalidad de los asentamientos ilegales» de la ciudad, además de coordinarse con la Diputación para ofrecer «atención a sus moradores». En la moción, el PP muestra una versión de lo sucedido en Manteo diametralmente diferente a la apuntada por LAB en su comunicado de la semana pasada, en el que acusó al Ayuntamiento de tener una política «xenófoba y racista». El PP recuerda que «el 27 de febrero, tras meses de peticiones y preocupación, los vecinos de Manteo se concentraron en su barrio para pedir el desalojo del asentamiento junto al instituto Xabier Zubiri. Los vecinos se sentían indefensos e ignorados por parte del Ayuntamiento. Se pusieron en contacto con todos los grupos políticos, pero sólo el PP respondió. Acudimos a su concentración y, al día siguiente, fuimos al asentamiento y denunciamos la situación en la que vivían sus habitantes y los problemas que generaban. Los vecinos decidieron movilizarse y su movilización ha tenido éxito. El pasado jueves, un mes después de su primera concentración, el Ayuntamiento desalojó el asentamiento».
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