El Ayuntamiento avala la licencia del centro comercial de San Bartolomé que recurrió Elorza

Los recurrentes han tratado de anular una licencia por supuestas ilegalidades en un planeamiento urbanístico que no recurrieron en su día –ni cuando se aprobó en 2015 la modificación del PGOU ni en la aprobación en 2023 del plan especial que ordena definitivamente la zona– y que ahora no influye en la legalidad de la licencia al ser este es «un acto reglado» que cuenta con todos los informes técnicos favorables.

Han coincidido en el tiempo las dos resoluciones administrativas sobre la operación urbanística de San Bartolomé. La primera es un informe de legalidad solicitado por los grupos EH Bildu y Elkarrekin sobre la licencia otorgada en septiembre para construir el centro comercial proyectado en el encuentro de la calle Easo con la subida de Aldapeta. Las sospechas de irregularidad de estos grupos municipales tenían como base la denuncia realizada en noviembre por Odón Elorza y Jorge Letamendía, antiguos corporativos que solicitaron por escrito al Ayuntamiento la anulación de la licencia al entender que no se cumplía la dotación mínima de espacios verdes al ubicarse estos bajo un aprovechamiento lucrativo.

En el informe solicitado por estos dos grupos de la oposición, la secretaria general del Ayuntamiento, Nagore Sarasola, señala como cuestión previa que la licencia ha sido recurrida en reposición por varios ciudadanos y los recursos se encuentran pendientes de resolución por lo que, en puridad, no existe «acto definitivo en vía administrativa susceptible de ser objeto de control y fiscalización» como pretendían EH Bildu y Elkarrekin.

No obstante, la responsable jurídica municipal precisa que la licencia «culminaba el expediente tramitado» e «incluía los informes necesarios» para su aprobación. Entre las condiciones que se fijaban en la licencia para construir el centro comercial «no constaba ninguna condición relativa a la dotación de espacios libres» porque «los estándares de dotaciones locales en el ámbito urbanístico se fijaron en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referida al A.U. CE.05 San Bartolomé». Es decir, la responsable jurídica viene a decir que no se puede controlar en la licencia unas condiciones urbanísticas que no son objeto de un documento de este tipo sino de los de planeamiento.

El argumentario municipal para desestimar la anulación de la licencia se desarrolla más en el dictamen que ayer aprobó la Junta de Gobierno respecto de la petición realizada el pasado 5 de noviembre por Odón Elorza y Jorge Letamendía. El documento señala que las alegaciones sobre dotaciones mínimas de zonas verdes y espacios libres son «cuestiones que no son objeto o materia de la licencia recurrida» sino de una modificación del PGOU de 2015 «plenamente vigente».

También rechaza la alegación 'preventiva' relativa a que una anulación por los tribunales del planeamiento una vez iniciadas las obras conllevaría la desnaturalización definitiva de la ladera de Aldapeta. El dictamen recuerda a Elorza que «los actos de las administraciones públicas sujetos a Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos y la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado».

Por otro lado, el gobierno municipal tampoco da valor a la consideración de que el actual talud verde sería desvirtuado dado que el proyecto incluye «un estudio paisajístico» que «garantiza que la ladera se mantendrá como espacio verde». El dictamen concluye que «las alegaciones de la parte recurrente no desvirtúan los informes técnicos favorables» que han servido de base para la concesión de la licencia. Por todo ello, se desestima la petición de Odón Elorza a quien se le recuerda que puede interponer contra esta resolución «recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses en los juzgados de Donostia».