Loiola tendrá 1.700 viviendas más

El acuerdo entre el PNV y el Gobierno central para incluir una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que permita en 2021 «culminar la enajenación al Ayuntamiento de los terrenos que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de Loyola» centró ayer las conversaciones de los grupos municipales del consistorio. Tras casi dos años de negociaciones fuera de los focos, con Belartza II como baza para la reubicación de los militares, un nuevo jarro de agua fría cayó sobre las aspiraciones municipales en la respuesta parlamentaria que ofreció hace dos semanas en el Senado la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro. Sin embargo, el grupo parlamentario del PNV puso este asunto como uno de los prioritarios para llegar a un acuerdo de apoyo a los Presupuestos y el ejecutivo de Pedro Sánchez accedió a este objetivo de ciudad, apoyado por todas las fuerzas políticas donostiarras en las últimas dos décadas, con una redacción que no deja lugar a ninguna duda: «El Gobierno culminará, durante el ejercicio 2021, la enajenación al Ayuntamiento» de los terrenos.

El alcalde, Eneko Goia, destacó no solo la importancia del acuerdo en sí sino que la operación se libre de los condicionantes que arrastraba hasta ahora el proceso de diálogo con Defensa. De la necesidad para el Ayuntamiento de buscar una reubicación para los militares dentro del municipio y en unos terrenos de dimensiones parecidas a las actuales, se pasa a una mera operación de compraventa de la superficie. En la justificación de la enmienda a los Presupuestos se habla de «desocupar la actual ubicación y proceder a su traslado a un emplazamiento más acorde y mejor dimensionado a sus necesidades, sin perjuicio de su operatividad», sin citar en ningún momento que la reubicación deba ser en el municipio de San Sebastián.

La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, explicó que ahora empieza el proceso de negociación para completar el traspaso de los terrenos. De forma previa, el Ayuntamiento tiene que decidir qué transformación urbanística pretende porque en base a ello el precio a pagar será mayor o menor. Arzallus señaló que la recalificación de los 171.024 m2 de terrenos de equipamiento a un uso residencial se llevará a cabo «en el seno de la revisión del PGOU» que se inicia ahora, y no mediante una modificación puntual del Plan General. «Hablamos de una transformación de una enjundia suficiente como para analizarla en el marco general del municipio. Es una ciudad dentro de la ciudad lo que vamos a llevar a cabo allí, la creación de un nuevo barrio joven, de calidad, con viviendas, terciario y actividades económicas. Es el primer desarrollo en la margen derecha del río, que implicará nuevas conexiones con los demás barrios. Los cambios van a afectar al conjunto de la ciudad».

Urbanismo apuesta por una densidad residencial moderada -100 viviendas por hectárea- y espera que las fuerzas progresistas que sostienen el Gobierno de España -PSOE y Unidas Podemos- apoyen que la proporción de VPO en el nuevo barrio supere los umbrales legales del 40% para beneficiar principalmente a los demandantes de vivienda.

Este asunto no es baladí porque es uno de los factores clave para establecer el precio de la compraventa. Para determinar los aprovechamientos que obtendrá Defensa está, por un lado, la edificabilidad que se plasme en la recalificación de los terrenos (número de viviendas a construir) y, por otro, la proporción de vivienda libre y protegida que tendrá el ámbito. No es lo mismo construir 2.000 pisos que 1.600, de la misma forma que no vale lo mismo un terreno donde el 60% de la superficie se destine a vivienda libre que uno en el que esta proporción baje al 40%. Cuantos menos pisos y más proporción de VPO, menos dinero percibirá Defensa por la venta de los terrenos. Igualmente influirán las cargas urbanísticas de la operación, un paquete de intervenciones que no generan ingresos y sí gastos como tirar y construir un nuevo puente de enlace con Loiola o la necesidad de acometer una rectificación de la curva del río, en la esquina de Txomin Enea, que inutilizará 9.400 m2, actuaciones ambas exigidas en el plan de prevención de inundaciones del Urumea.