El Obispado rechaza las acusaciones de actuar «por intereses urbanísticos»

En una nota enviada a los medios de comunicación la semana pasada, este Consejo Parroquial denunciaba no haber sido consultado por el Obispado sobre los aspectos relativos a esta posible venta de la parcela y mostraba su malestar «porque estas negociaciones se estaban realizando unilateralmente» cuando la comunidad de esta iglesia es quien ha «aportado los recursos personales y económicos de mantenimiento y estabilidad del templo y de las actividades parroquiales durante los últimos 50 años».

En esta línea, critica lo que considera una «actitud absolutista», por parte de la Diócesis donostiarra y solicita que «se paren todas las actividades de especulación urbanística previstas y que todo ello sea tratado con el actual equipo de la comunidad, párroco y Consejo, de una forma transparente, colaborativa y basada en el respeto».

El Obispado ha explicado a DV que «no entiende la carta, ya que los extremos de su contenido fueron explicados con detalle en la reunión mantenida con los miembros de dicho consejo». En este sentido, recuerda que «no existe ningún tipo de compromiso» por su parte de «una hipotética intervención urbanística en la zona de la Sagrada Familia; y que en caso de que se barajase en el futuro algún tipo concreto de acuerdo, la Iglesia pondría como siempre como condición la mejora del Albergue de Caritas así como de las instalaciones parroquiales».

En su misiva, el Consejo Parroquial ofrece una versión totalmente opuesta a estos hechos. Explica que la reacción de Munilla ante su postura fue «de indiferencia pero no de inacción», ya que la medida que ha tomado «ha sido la continua amenaza de traslado forzado del párroco de la Sagrada Familia». Con esta medida, señala, Munilla «busca la destitución de este Consejo para formar uno acorde a sus intereses urbanísticos, dejando de lado a toda la comunidad y, lo más importante, la misión real de la Parroquia, que está muy lejos de los ladrillos».

Con respecto a un posible cambio de destino de este sacerdote, el Obispado señala que «a la postre parece el motivo inmediato del conflicto» y que, en cualquier caso, «tal medida entra dentro de la absoluta normalidad del proceder eclesial, máxime cuando el tiempo de seis años para que fue nombrado el párroco ya está cumplido».

El Consejo Parroquial también rechazaba en su nota que el actual templo de la Sagrada Familia se encuentre «en una situación de progresivo deterioro», como admitía la Diócesis hace escasos meses. «La parroquia y el Obispado disponen de un estudio de arquitectura en el que en el año 2008 se concluía que el templo tenía garantizada una durabilidad de 50 años sin problemas estructurales, siempre y cuando se acometan diversas inversiones en obras de mejora», apuntan desde este órgano eclesial.