Parte Zaharrean Bizi denuncia una falta de control del uso de la calle por los comercios

La norma que regula este aspecto es la Ordenanza municipal Reguladora de las Ocupaciones en los Espacios de Dominio y Uso público y fue aprobada hace 5 años, ante una preocupación creciente por la degradación del paisaje urbano que se produce en determinados ámbitos de la ciudad, como la Parte Vieja, una inquietud que se llegó a recoger explícitamente en el Plan Director de Turismo 2017-21.

Esta ordenanza recoge que estos aprovechamientos especiales del espacio público que realizan los comercios requieren de autorización y deben cumplir determinadas condiciones o de lo contrario se aplicará el correspondiente régimen sancionador con multas de hasta 750 euros por infracciones leves, 1.500 euros por las graves y hasta 3.000 euros por las muy graves. Parte Zaharrean Bizi indica que en la respuesta del Ayuntamiento a su petición de información sobre esta actividad la administración asume que «el nivel de incumplimiento de la ordenanza es total: el Ayuntamiento no está cobrando la tasa; los establecimientos autorizados en toda la ciuidad son 166, cuando el número de ocupaciones es bastante mayor; y las autorizaciones concedidas no son controladas para poder verificar el cumplimiento de la ordenanza».

El Ayuntamiento reconoce, en el documento que envió al colectivo vecinal, que «tanto el procedimiento de autorización como el seguimiento y cobro de la tasa requiere de un sistema apropiado de gestión de recursos personales suficientes que el Servicio de Ocupación de Espacio Público no dispone y que constituye el motivo de que no se haya abordado el giro de la tasa correspondiente».

Parte Zaharrean Bizi se pregunta «cómo es posible que la administración municipal no disponga de un sistema de gestión ni de recursos personales suficientes para proceder a las autorizaciones, a su seguimiento y al cobro de la tasa». La asociación critica que el Ayuntamiento ignora «sus obligaciones y responsabilidades y perjudica los intereses públicos». Además de no poner freno a la degradación del paisaje urbano, dejar de cobrar la tasa «ha supuesto a la ciudadanía una pérdida de 227.000 euros (sin contar aquellas ocupaciones que carecen de autorización o que, estando autorizadas, ocupan más espacio que el solicitado)».

El colectivo señala finalmente que si no se pone remedio a esta situación «habrá que ir sumando más euros que Donostia perderá en los próximos años». Parte Zaharrean Bizi pide al gobierno municipal que dé explicaciones y «facilite soluciones para corregir este disparate».