San Sebastián ha logrado reducir un 31,7% el número de pisos turísticos en año y medio

Era importante saber cómo se decantaría la batalla legal de los apartamentos turísticos porque se anunció una riada de recursos en los tribunales durante la tramitación y tras la aprobación de la nueva ordenanza, que entró en vigor en marzo del año pasado. La Autoridad Vasca de la Competencia dio marcha atrás y renunció a impugnar la norma, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi (Aparture) optó por presentar recurso, pero luego, tras un periodo de reflexión, lo retiró con el objetivo de «dotar de estabilidad al sector» y reforzar la colaboración con las administraciones. A parte de los posible pleitos que interpongan los propietarios individuales de pisos, la única entidad que mantiene la batalla legal contra la ordenanza es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que el verano pasado llevó a los tribunales las normas de Donostia, Bilbao y Madrid.

Los servicios jurídicos municipales siempre estuvieron seguros de la legalidad de la ordenación que incorporaba la nueva ordenanza y que en los últimos meses se han visto reforzada por una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la función social de la vivienda establecida en la Ley Vasca de Vivienda.

La reducción de la litigiosidad, los fallos que se han ido produciendo en los últimos meses y el refuerzo del control de la actividad de los pisos turísticos que llevan a cabo Ayuntamiento de San Sebastián y Gobierno Vasco ha tenido un efecto en el mercado. En la fase alta del ciclo, el verano de 2017, mientras se tramitaba la nueva ordenanza se llegaron a contabilizar 1.694 alojamientos en la capital guipuzcoana, aunque algunos estudios elevaron la cifra hasta los 2.000 inmuebles. El año pasado el número de apartamentos en la ciudad bajó a 1.105 y en la actualidad la cifra es de 1.157, según indican los datos del Departamento de Urbanismo.

La ordenanza ha permitido a la autoridad municipal establecer unos límites y condiciones claros a la actividad, ha arbitrado nuevos recursos y herramientas de control y el resultado ha sido la continua publicación de resoluciones de cese de actividad para inmuebles que no han regularizado su situación o que simplemente pensaban que no serían descubiertos. No se ha salvado de la clausura, ni de una sentencia confirmatoria de la decisión municipal, ni el apartamento que el Arzobispado tenía en la calle Churruca.

El año pasado el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián dictó 180 órdenes de cese de actividad para apartamentos turísticos que no cumplen las condiciones que exige la nueva normativa. De ellos, 124 han cesado ya su actividad.

En los dos últimos años no se ha producido ningún fallo contrario a las posiciones del Ayuntamiento en la materia. Según explicó el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, prácticamente la mitad de las 43 sentencias notificadas tenían que ver con la anterior normativa basada en el Plan General y la otra mitad avalan la legalidad de los preceptos de la nueva ordenanza.

Gasco consideró que los fallos que se han producido hasta la fecha suponen un indudable aval a la norma donostiarra. «La ordenanza está permitiendo al Ayuntamiento ejercer un control de una actividad que en buena medida estaba al margen de la legalidad, y ha permitido reducir y acotar el fenómeno a un millar de pisos», afirmó, «cuando en algunos momentos se llegó a hablar de 2.000 apartamentos en Donostia».