Pistoletazo de salida para la segunda fase de Txomin-Enea y las 400 viviendas que se construirán sobre la cárcel de Martutene

Esta última particularidad provoca que el Gobierno central se vaya a involucrar por primera vez «en muchos años» de forma directa en la construcción de viviendas en Euskadi, una colaboración que necesitará en su momento de una fórmula jurídica similar a las que existen en el mercado privado con las UTEs para que todas las instituciones participen en el proyecto que rematará el barrio de Txomin-Enea.

Denis Itxaso, consejero del departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, ha transmitido que «hemos constituido un grupo de trabajo técnico» y ha destacado que «estamos en marcha y alineados. Nuestro objetivo es que en la medida en que esta cárcel deje de serlo y los presos vayan siendo trasladados al nuevo centro penitenciario de Zubieta, a la mayor brevedad posible podamos proceder a la demolición, al recrecimiento de toda esta zona, a la elevación de su cota, a la urbanización y a la posterior construcción de toda esa vivienda protegida que está prevista en el ordenamiento urbanístico que ha planificado el Ayuntamiento de San Sebastián».

Eneko Goia, alcalde de Donostia, ha explicado por qué Txomin-Enea ha tenido que ser construida en dos fases. «El traslado de la cárcel estaba hipotecando el conjunto de la operación, pero ha llegado el momento de abordar ya Txomin-Enea en su conjunto». Ha ampliado que «a lo largo de este año eso será posible y nuestro empeño va a ser que aquí sucedan cosas sin solución de continuidad, es decir, desde el momento en el que salga el último recluso, podamos empezar ya primero con la demolición, con el proyecto de urbanización y su ejecución para posteriormente construir viviendas en este ámbito».

Preguntado por una fecha en la que la cárcel de Martutene esté inoperativa, Goia ha respondido que «será durante este año», y después ha matizado que no será antes de Semana Santa. Este aspecto está pendiente de una reunión que la consejería de Justicia y la Siepse, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, mantengan próximamente una reunión para abordar los últimos flecos.

Mientras tanto, «estamos tramitando el PAU (Programa de Actuación Urbanizadora) para que toda la tramitación administrativa que corresponde al Ayuntamiento vaya en consonancia con los plazos que ahora tenemos que cumplir una vez que la desaparición de la cárcel lo haga posible».

Por último, en representación del gobierno central, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana David Lucas ha expresado que «el acuerdo se sustenta sobre la base de que el Gobierno de España en los suelos que tiene en la cárcel va a ser partícipe activo del desarrollo de la operación que va a propiciar la construcción de las 400 viviendas. El gobierno de España pone el suelo y el gobierno de España se va a hacer cargo del porcentaje de urbanización correspondiente», es decir, del 35% que le corresponde. No quiere decir que el 35% del alrededor de las 400 viviendas que se van a construir vayan a cargo del Estado, sino que hace referencia a ese porcentaje respecto al suelo total disponible.

Lucas ha destacado que «desde hace muchísimos años el gobierno de España no construye ni impulsa viviendas en el País Vasco, se abre una nueva etapa, un nuevo periodo para hacer posible que propiciemos vivienda asequible, vivienda protegida a precios que los ciudadanos, en este caso de San Sebastián, puedan optar a ellas».