«No sé cuánto tiempo me voy a poder quedar en mi piso»

Imagínese vivir con miedo a quedarse sin hogar y que, además, no disponga de otra opción para vivir. Estíbaliz Salvador, una donostiarra de 45 años sabe muy bien lo que es vivir día a día con esta incertidumbre. Tiene una invalidez absoluta y una incapacidad del 67%, que le impide poder trabajar. «Tengo una narcolepsia grave con síntomas de cataplejía y no puedo acceder a ningún puesto de trabajo», demanda.

Debido a su enfermedad, esta donostiarra se duerme sin darse cuenta en cualquier lugar y además, en estados de alta tensión tanto de alegría como de tristeza, pierde la fuerza muscular, situación que le imposibilita conseguir un puesto de trabajo. Además, tiene un niño de 10 años a su cargo, lo que, sí cabe, agrava aún más su situación.

Esta donostiarra vive con su hermano, su madre y su hijo en un piso «que ha sido absorbido por un fondo buitre y no sabemos el tiempo que vamos a estar allí», detalla. Esta es la historia de Estíbaliz, pero perfectamente podría ser la de algunos de los 7.091 inscritos en Etxegintza que no han obtenido una de las viviendas de Txomin Enea. Arropados por a las plataformas Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos Azora, estas familias se concentraron este jueves para solicitar más oferta de viviendas en alquiler social».

Debido a la incapacidad que padece, a Salvador le inscribieron en el cupo de discapacidad intelectual, en el que solo existía la opción de acceder a cinco pisos. «Me quedé la número 22 en la lista de espera», narra. A pesar de no poder trabajar por culpa de la discapacidad que padece , «como vivo con mi madre, no me corresponde nada, ninguna ayuda. Así están hechas las cosas aquí», denuncia.

Otras familias jóvenes con hijos a su cargo, también ponen voz a este tipo de historias. Aitor es uno de ellos. El, de 34 años y su mujer, de 28, tienen dos niñas pequeñas de 1 y 5 años. Hace poco se les terminó el contrato de su piso. «Vivíamos en Pasajes, teníamos un alquiler de dos años y como el inquilino necesitaba el piso para su hijo, no lo pudimos renovar». Esta circunstancia además, fue agravada por otra situación especial: Miren estaba embarazada de su hija pequeña.

Actualmente la pareja vive con el padre de Aitor, su mujer y su tío, en un piso no muy grande. «Estamos mis dos hijas, mi mujer y yo en una habitación», detalla. La pareja cobra el RGI, pero con esa cantidad de dinero no pueden alquilar un piso. «Cuando vas a la inmobiliaria te dicen que quiere seguro de impago, por una parte o por otra no conseguimos piso».

Josune Huerta es miembro de Stop Desahucios y víctima de un desahucio por parte del banco. «Tengo un hijo de 14 años a mi cargo, me quedé sola por un divorcio y con la hipoteca a pagar», afirma. Después de mucho luchar y con abogados de por medio, consiguió una moratoria (no le pueden echar hasta que le den un piso de alquiler). «Sigo en lucha por cambiar mi situación. Es cierto que podemos vivir pero vivimos de una forma muy precaria», subraya.

La concentración, celebrada ante el ayuntamiento donostiarra, contó con el apoyo de Ricardo Burutaran y Reyes Carrere de EH Bildu; y con las junteras Arantxa González y Marivi Eizaguirre de Elkarrekin Podemos, y Pilar Garrido diputada en el Congreso por esa formación.

Las plataformas Stop Desahucios, Alokairu Benta-Berri e Inquilinos Azora se han concentrado este jueves por la mañana frente al Ayuntamiento de San Sebastián para denunciar la situación en la que quedan los 7.091 inscritos en Etxegintza, que no han obtenido una de las 162 viviendas de Txomin Enea.

Las plataformas Stop Desahucios, Alokairu Benta-Berri e Inquilinos Azora demandan poner fin a la precaria situación en la que se encuentran «familias con hijos a sus cargos y unos ingresos que les impide pagar los alquileres abusivos existentes en Donostia y Gipuzkoa». Cuatro familias han puesto cara a todos estos afectados Han criticado que «ante los precios impagables de la tercera ciudad más cara del Estado, en la que han aterrizado los fondos buitres , (Benta Berri, I. V-Azora) estas familias vulnerables con hijos son desahuciadas o viven en casa de sus padres».

Han pedido al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de San Sebastián que «establezcan topes al precio de los alquileres, tomando como referencia la segunda encuesta EMA, realizada por el Gobierno Vasco sobre los precios medios de las fianzas depositadas por territorios, municipios y barrios de la CAV». Aseguran también que «es muy difícil acceder a las viviendas de alquiler de Etxegintza, porque su parque es totalmente insuficiente; tiene 1497 viviendas de alquiler social incluyendo las de Txomin, 283 y 241 y una lista de 7253 inscritos».

Las plataformas han contado con el apoyo de Ricardo Burutaran y Reyes Carrere de EH Bildu; Arantxa Gonzalez y Marivi Eizaguirre de las juntas generales de Elkarrekin Podemos, y Pilar Garrido de Unidas Podemos.