Los tribunales avalan la decisión de derribar los edificios de la calle Amara

Según consta en la sentencia, el motivo de impugnación aludía al hecho de que el edificio, en contra de lo sostenido por el Ayuntamiento en la resolución recurrida que lo califica «en ruina económica», es «sólido estructuralmente y no se encontraría en situación de ruina». El juez soslaya este argumento «por cuanto la razón de acordar la extinción del título de ocupación de la vivienda no es por la concurrencia de una situación legal de ruina, sino porque se había producido la extinción de la relación de empleo que autorizaba a la corporación local demandada a dar por terminada la ocupación de la vivienda». Además, el magistrado estima que «las afirmaciones que la demandante efectúa sobre una supuesta desviación de poder en el actuar de la Administración carecen del más mínimo fundamento probatorio».

Por tanto, el Juzgado resuelve que la actuación del consistorio «se ajusta a derecho» y aclara que a la demandante «se le notificó la resolución de 6 de mayo de 2021 por la que se acordaba incoar expediente para dar por terminadas las ocupaciones de las viviendas de titularidad municipal, una de las cuales era ocupada por la demandante, en la que se hacía referencia a la ausencia de título válido para la ocupación de las mismas y se ofrecía un plazo de diez días para presentar alegaciones». La demandante presentó entonces alegaciones en las que defendía su derecho a permanecer en la vivienda, por lo que el magistrado entiende que no se le ha causado «ninguna indefensión en la medida en que en todo momentos ha conocido el motivo por el que se inició el expediente para dar por terminada su ocupación» y es que carece de titularidad.

Aunque en su momento, el Consistorio estudió la rehabilitación de estas viviendas de propiedad municipal, finalmente optó por derribarlas. Según señala el informe que acompaña el proyecto de demolición, una hipotética actuación de rehabilitación, regeneración y valorización tendría que ser una «intervención integral con vaciado de forjados y, evidentemente, traslados. La estructura del edificio se encuentra en una situación tan grave, de previo colapso, que no permite ningún planteamiento sin una actuación integral», aseguró el alcalde, Eneko Goia.

Los vecinos, por su parte, recurrieron a los tribunales para evitar el derribo al considerar que los edificios no se hallan en estado de «ruina económica», y presentaron otro informe que determinaba que las patologías localizadas en el inmueble «no suponen un riesgo» para su estabilidad estructural y, por tanto, «no existen razones de peso por aspectos técnicos o económicos para la obligatoriedad del desalojo y derribo». Según este último informe, las patologías localizadas son «comunes» en edificaciones de la misma época y «pueden subsanarse con tareas puntuales de reparación».

El Ayuntamiento sigue adelante con su proyecto, que todavía está en proceso de definición por parte de los técnicos de Urbanismo, y en lugar de estos tres bloques planea construir nuevas viviendas.