Dos años con licencia y sin arrancar la obra de la cooperativa de viviendas de Txomin Enea

Es una novedosa fórmula residencial en Euskadi, tanto que suscita los recelos de las entidades de financiación. El Gobierno Vasco cedió en 2019 en derecho de superficie la titularidad de la parcela a la cooperativa Bizikide S.Coop, que es gestionada por el grupo inmobiliario Arrasate. Y es la cooperativa quien busca la financiación.

Los socios aspirantes de la cooperativa salieron de un concurso que hizo el Departamento de Vivienda entre los demandantes apuntados a la fórmula, con obligación de no tener vivienda en propiedad y disponer de ingresos anuales que no superen los 39.000 euros. Los 109 adjudicatarios solo han tenido hasta ahora que pagar 1.000 euros por la reserva de la plaza, tras haber elegido su piso sobre plano. Esto ocurrió en marzo de 2021.

Pero que es que la licencia de obra fue aprobada por el Ayuntamiento el 13 de octubre de 2020, hace ahora dos años. Según fuentes de Urbanismo, se han pedido hasta tres prórrogas de la licencia –la última el 7 de abril de este año con una ampliación de plazo de 6 meses– para evitar que el permiso caduque, en vistas de que el acuerdo de financiación se retrasaba.

Se trata, por tanto, de una cooperativa de vivienda en alquiler. La cooperativa adjudica a los socios la cesión del uso de la vivienda y sus anejos por un periodo de 75 años –plazo por el que el Gobierno Vasco ha cedido también el derecho de superficie de la parcela–. La propiedad permanece en todo momento en manos de la cooperativa, pero limitada a esa plazo de tiempo. Los cooperativistas abonan mensualmente a la cooperativa un importe o canon, en el que además de la amortización del préstamo que la cooperativa contrate para llevar a cabo las obras, están incluidos los conceptos de mantenimiento del edificio y gastos de comunidad. Los cooperativistas conformarán «una comunidad» que autogestionarán ellos mismos y que al final también financiarán, de tal forma que el Gobierno Vasco no tiene que costear la construcción del edificio. Los inquilinos pagan una cuota de entrada y después una cantidad mensual como pago del alquiler. Esa aportación les permitirá el uso de la vivienda por el tiempo que quieran: si lo desean, toda la vida, y si deciden marcharse y darse de baja su aportación al capital le será reembolsada y traspasada a otro cooperativista.

La novedad de este régimen en el que nadie es realmente el propietario del bien cuya construcción se debe financiar es lo que genera dudas en las entidades bancarias. La primera a la que la cooperativa acudió rechazó entrar en la operación y con la segunda con la que se negocia se lo está pensando. Fuentes del Gobierno Vasco aseguran que «los órganos de gobierno de esta entidad han aprobado financiar» la construcción del edificio, pero aún analizan las condiciones, la letra pequeña, para establecer las garantías de devolución del préstamo. Los aspirantes a cooperativistas están en ascuas: «Nos dijeron con la primera entidad que nos pedirían un análisis de solvencia de cada socio y ni nos llegaron a llamar cuando renunciaron al préstamo. Ahora no sabemos nada de Bizikide».

Aún no han pagado ni la entrada, el 20% del precio total del piso y los anejos (trastero y garaje), que es la aportación inicial al capital social y que indicaría que la construcción de la vivienda comienza a ser una realidad. Antes de este paso, el banco que entre en la operación deberá hacer un análisis de solvencia a los cooperativistas, que incluirá una comprobación de las últimas nóminas y la última declaración de renta.

En el proyecto hay viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios (con trastero y garaje), todos con calificación energética A, con unos precios que oscilaban (en 2019) entre los 94.666 euros (una habitación) y los 185.282 euros (cuatro dormitorios), con cuotas mensuales entre los 394 y 772 euros. Los socios formarán parte del consejo rector de la cooperativa, que se encargará de gestionar todas las decisiones sobre el inmueble, desde el mantenimiento a la aprobación de las transmisiones del derecho de uso de las viviendas a nuevos cooperativistas.

La previsión inicial era que la obra se hubiera iniciado en noviembre de 2021. Un año después no se ha firmado el préstamo para construirla.