Aprobada la licencia para construir 109 viviendas de VPO en Txomin-Enea

La Junta de Gobierno Local de San Sebastián ha concedido licencia a Bizkide S.COOP para la construcción de 109 viviendas de VPO en el Paseo Antzieta. Se trata de una de las dos parcelas pertenecientes al Gobierno Vasco que quedan por desarrollar en el barrio de Txomin Enea.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha señalado que «son una de las pocas actuaciones en materia de vivienda que quedan para rematar el entorno de Txomin Enea, que con la entrada de las y los nuevos vecinos en las viviendas protegidas promovidas por Etxegintza ha visto cómo su número de habitantes ha crecido de forma considerable».

Promovidas por el Gobierno Vasco, son viviendas con cesión de uso. De este modo, únicamente quedarían las viviendas con derecho a superficie promovidas también por la administración autonómica para completar la primera fase de Txomin Enea en lo que a materia de vivienda se refiere.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el Plan General de Euskara 2020-2024 de Donostia / San Sebastián. Se trata de un plan diseñado de modo participativo, planificado, integral y sostenible, junto a agentes relacionados con el ámbito del euskara, así como con las juntas de euskara de los barrios, las personas que componen el Consejo Sectorial del Euskara y personas que a modo individual han realizado sus aportaciones.

En la reunión se ha adjudicado, además, a Excavaciones y Transportes ORSA el contrato para realizar el proyecto de reparación de pavimentos de calzada en el camino de Agiti, Marabieta y Arritxulo. El coste de esta reparación es de 56.694 euros y las obras durarán tres semanas.

Por último, se ha aprobado el expediente para la contratación del «Servicio de atención socioeducativa y psicosocial». Este servicio forma parte de los programas de Intervención con menores en situación de desprotección. Las y los profesionales que trabajan en el mismo ofrecen apoyo socio-educativo y psicosocial a las familias para gestionar conflictos, evitar situaciones de falta de cuidado, facilitar la sustitución de hábitos y comportamientos perjudiciales y adquirir capacidades que favorezcan la convivencia y la inclusión social. El presupuesto de este contrato es de 1,4 millones de euros y el plazo de ejecución es de 3 años, con dos posibles prórrogas anuales.