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Las comisiones de control previas al Pleno del Ayuntamiento tuvieron este lunes un protagonista y un foco de atención concretos: la concejala de Urbanismo y ... la licencia de la villa de Xabi Alonso en Igeldo que un juez ha declarado ilegal. Los tres grupos de la oposición interpelaron a Nekane Arzallus quien afirmó que los servicios jurídicos analizan la sentencia –aprobada antes de que ella fuera concejala, precisó– para recurrirla, argumentó que Urbanismo ha seguido los criterios marcados por el arquitecto municipal que validó el proyecto, y despejó dos incógnitas que dejaron sobre la mesa las asociaciones de Igeldo: el giro de 27º en la posición de la villa respecto a los planos «está legalizado» desde la firma del acta de replanteo que da inicio a las obras de construcción, y edificar una vivienda con cubierta plana en suelo rural es posible en la ciudad desde 2021 cuando se reformaron las Ordenanzas Complementarias de Edificación (OCE).
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia declaró ilegal la licencia de construcción del chalet situado en el paraje de Txalin, propiedad de la empresa Tavaro XXI S. L., cuya administradora única es Nagore Aranburu, mujer de Xabi Alonso.
La sentencia entiende que el titular, cuya licencia era para reconstruir un caserío de Martutene expropiado por las obras del TAV, ha edificado una casa «absolutamente diferente» respecto al edificio que se debía reconstruir.
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El Ayuntamiento dio licencia porque el informe preceptivo del arquitecto municipal avaló el proyecto al ser más respetuoso con el entorno y mimetizarse en la ladera, un criterio recogido en el artículo 64 del Plan General. Haritzalde Naturzaleen Elkartea, Igeldoko Herri Kontseilua e Ieltxo Elkartea, las asociaciones cuyos argumentos han sido estimados parcialmente en la sentencia, denunciaron a principios de mes –asesorados por el abogado Javier Olaverri– que el juez solo se ha centrado en «la ilegalidad más evidente» a la hora de redactar el fallo, pero aseguraron que había «varias ilegalidades más», como el hecho de que la casa construida ha girado 27º respecto a su posición en los planos, una supuesta irregularidad del promotor que podría suponer que fuera él, y no la administración, quien asumiese el coste del derribo.
EH Bildu
Arzallus
Preguntado por estas cuestiones por los tres grupos de la oposición, la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, confirmó este lunes que los servicios jurídicos preparan un recurso contra la sentencia aunque no precisó los criterios en los que se basará. Explicó que Urbanismo concedió la licencia al tener el visto bueno del arquitecto municipal quien valoró la integración paisajística del proyecto, explicó que los servicios técnicos realizaron 3 visitas a la obra y afirmó que el giró «de 27º» en la posición de la casa respecto a los planos «está legalizado» desde el acta de replanteo, que es el momento en que se da por iniciada la obra.
Uno de los aspectos que apuntó el juez en la sentencia para determinar la ilegalidad de la casa es que la cubierta era plana y «no a 2, 3 o 4 aguas» como son las de los caseríos. Arzallus señaló que desde 2021 el artículo 36.1.5 de las nuevas Ordenanzas Complementarias de Edificación permite «excepcionalmente» esta posibilidad «previo informe técnico municipal» con el fin de «una mejor adecuación paisajística».
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