Los vecinos de Ulia piden seguir en la villa que usan de sede donde se van a construir pisos para mayores

Esta villa es propiedad del Gobierno Vasco desde 2011. Apartir de 2015 la dirección de Vivienda del ejecutivo autonómico y la agrupación han mantenido reuniones y se han cruzado escritos sobre el futuro del edificio. Fue en agosto de 2021 cuando el Gobierno Vasco indicó a esta asociación que la vivienda y los terrenos situados en esa parcela que «ustedes ocupan – según se desprende de la información que disponemos–, son propiedad de esta administración de la CAV». En esa comunicación se requirió a la agrupación «la documentación suficiente que acredite algún derecho suyo sobre la vivienda y los terrenos». A día de hoy no consta en el Gobierno Vasco tal informe. El Ejecutivo ya avanzaba que «en el caso de que no se aporte la documentación, se adoptarán las medidas oportunas en aras de regularizar la situación actual».

Por lo que en diciembre de 2022, el Gobierno Vasco solicitó al Ayuntamiento licencia de obra para la rehabilitación del edificio Ulialde con el objeto de construir una promoción de pisos dotacionales para personas mayores de 65 años inscritas en Etxebide con necesidad de una vivienda. El Ejecutivo vasco obtuvo ese permiso el 6 de julio de 2023. Un extremo que ayer confirmó el consistorio a este periódico, a pesar de que Félix Soto señaló que «es falso que tengan esa licencia». Desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento ratificaron a DV que «tienen licencia municipal para obra mayor desde esa fecha. Un permiso para rehabilitar la villa y convertirla en 6 alojamientos dotacionales. Es una villa protegida en el Peppuc en grado C, por lo que la obra solo afecta al interior, las fachadas se mantienen».

Tras revisar un extenso documento enviado por la asociación, en la que explican de manera detallada el gran número de actividades que alberga la villa, tales como cursos de pintura, yoga, cursos de memoria histórica, sede del club de jubilados y pensionistas del barrio o cursos de idiomas, el Gobierno Vasco mostró el pasado 25 de abril a la agrupación su disposición a «revisar el proyecto para dar cabida a su actividad». Siempre partiendo de la base de «regularizar la situación» de la asociación en el edificio, «se les ofrece la posibilidad de la puesta a disposición para su uso exclusivamente de la planta baja del edificio (180 m2)», en este desarrollo que está en fase de licitación del proyecto de ejecución.

Asimismo, Vivienda «abre la posibilidad de ampliar la puesta a disposición del local de planta baja de Ulialde con la del local de planta baja del edificio Iturritxo (154 m2) en aras de alcanzar un acuerdo satisfactorio». «Estimando que se han ofrecido soluciones perfectamente asimilables», el Gobierno Vasco solicitaba una respuesta de los vecinos en un plazo de dos meses. Esta llegó ayer.

«Nosotros estamos de acuerdo con regularizar nuestra situación. Eso es una cosa y otra es desalojar. Son dos conceptos diferentes. Hemos pedido la concesión demanial para unas personas que llevan medio siglo en esa sede, que es un icono de auzolan», señaló Soto. Recordó que en 2021 «ya nos quedó claro que lo único que les interesa es que salgamos de ahí, que estorbamos. Nosotros no salimos entonces, y ahora tampoco queremos salir». Y añade, «ahora el Gobierno Vasco se inventa que sale a licitación el proyecto de construcción de apartamentos dotacionales. Y nos ofrecen un espacio en la planta baja de ese futuro edificio y el bajo de Iturritxu. Nosotros con eso no hacemos nada. Se creen que somos okupas y de eso nada».

Esta agrupación comenzó a utilizar esta villa después de que se realizara una expropiación en la zona para la construcción de los accesos viarios necesarios para construir Intxaurrondo. El Ayuntamiento consideró en 1979 que el derribo del edificio era innecesario y esa villa «quedó en estado de abandono». En ese contexto nació la asociación. «La necesidad de un lugar donde reunirse para poner en marcha los objetivos vecinales indujo a tomar la decisión de utilizar ese espacio. Fue el hermano del antiguo propietario de la casa expropiada el que nos dio las llaves», cuenta Soto. Desde entonces han usado la villa, costeando los arreglos de su mantenimiento.