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Donostia está ya haciendo sus deberes para ser declarada zona tensionada para el alquiler. La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, señaló ayer en la Comisión ... de Desarrollo y Planificación del Territorio del Ayuntamiento que lo previsible es que toda la documentación requerida para adquirir esta condición se entregue al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en «septiembre».
El gobierno municipal fue interpelado tanto por EH Bildu como por Elkarrekin Podemos para saber cómo van los trámites para completar la documentación a entregar al Gobierno Vasco para que el conjunto de la ciudad sea declarada zona tensionada de vivienda y pueda poner topes a los alquileres.
La delegada del PNV justificó que los trabajos vayan a su ritmo «porque no es un expediente que deba tomarse a la ligera». Solo Errenteria ha presentado toda la documentación «y porque tenían todo el estudio terminado para la revisión de su PGOU». Explicó que el Gobierno Vasco remitió en marzo al Ayuntamiento «el modelo a seguir para la elaboración del diagnóstico y del plan de acción» y ese mismo mes se empezó a recabar la información de Etxegintza, Donostitik y la Unidad de Datos Municipal y se «contrató una asistencia externa» para darle ritmo al encargo.
La fase de diagnóstico «está ya casi terminada, a falta de algunos datos incompletos», señaló Arzallus, pero ya «se ha lanzado la siguiente fase del plan de actuación específico, en la que se harán grupos de trabajo» los días 10, 12 y 17 de julio. En estos talleres, a los que se ha invitado a colectivos vecinales inquilinos de grandes tenedores de viviendas, se expondrán «las líneas de la propuesta y se incorporarán las aportaciones que se realicen».
Realizados estos grupos de trabajo, se pasará a la fase final de elaboración de la memoria justificativa. La concejala de Urbanismo indicó que «el cronograma estimado para disponer de toda la documentación es de unos cuatro meses», lo que apunta a «finales de julio» para completar el expediente requerido por el Gobierno Vasco.
A partir de entonces, el Ayuntamiento «realizará los informes jurídicos y técnicos pertinentes» y enviará el expediente a aprobación de la Junta de Gobierno Local para su posterior traslado al Gobierno Vasco «en septiembre».
No obstante, Arzallus quiso templar las expectativas suscitadas por la nueva normativa porque «la ley está consiguiendo todo lo contrario a lo que se buscaba: el mercado del alquiler se ha vuelto sumamente inseguro y la oferta se ha reducido a mínimos históricos». Recordó igualmente que en Donostia esta declaración afectará a unas 2.500 viviendas porque de las 90.000 viviendas totales «hay solo un 5% de inmuebles en manos de grandes tenedores y la mitad es de la administración».
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