Más de 10.000 familias vascas necesitan cambiar de vivienda por problemas de accesibilidad

En este momento, 10.345 hogares de Euskadi tienen la necesidad de cambiar de vivienda por este tipo de problemas, según la última encuesta de familias y hogares del Gobierno Vasco, de 2023. Es una cifra que apenas ha bajado en un centenar en dos años, desde 2021, si bien si se compara con los datos de 2019 la caída es de un 13,72%. Hasta entonces, la evolución había sido a la inversa. En vez de descender el número de afectados, había aumentado. Esto se explica por el envejecimiento de la población. Aunque la sociedad sigue siendo cada vez más dependiente, las ayudas para rehabilitar hogares puestas en marcha en los últimos años han favorecido el descenso de familias afectadas por problemas de accesibilidad en Euskadi.

Hasta que se apruebe la nueva ley que declara el derecho a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad a todo tipo de servicios y ámbitos de la vida, lo que tiene implicaciones directas en la esfera pública como en la privada, rige la norma actual. Destaca la ley de propiedad horizontal, que recoge que «cuando hay un problema de accesibilidad en una comunidad, el afectado tiene que convocar a junta a los vecinos y la obra se aprueba por mayoría de los asistentes a la reunión», resume Montero. Si más de la mitad votan a favor, se procede al cambio necesario, como la instalación de un ascensor o la colocación de una rampa donde hay escaleras y lo paga la comunidad. Sin embargo, si no se consigue mayoría «la persona con discapacidad tiene el derecho de proceder a la obra, pero en ese caso será él quien se haga cargo de todos los gastos, lo que resulta imposible porque la instalación de un elevador, por ejemplo, puede ascender a los 150.000 euros».

Precisamente la cantidad a abonar es lo que genera «más discusiones» entre los vecinos, que muchas veces no están dispuestos a dejarse sus ahorros en estas obras. Solo existe la obligatoriedad de que la comunidad pague la obra si la cantidad que solicita la empresa constructora es inferior a doce mensualidades de los gastos corrientes de la comunidad, una situación que «en la práctica no ocurre», explica Montero, que aunque ve la reforma de la ley de dependencia y discapacidad como «un avance» advierte de que «hay que conocer la letra pequeña y saber exactamente cómo va a financiar el Gobierno estas instalaciones. El Ejecutivo central tiene que comprometerse a facilitar las obras», insiste.

De momento, el anteproyecto modifica esta ley de propiedad horizontal para dejar claro que las obras en los edificios para neutralizar estas barreras serán algo obligatorio para todas las comunidades de propietarios. Así, el borrador aprobado este martes recoge que los vecinos solicitantes de la obra, como las personas mayores o con discapacidad, pueden acudir en busca de amparo a los tribunales si se les niegan las adaptaciones a las que tienen derecho. Además, la modificación de la ley compromete a las administraciones públicas, que tienen el deber de establecer líneas de ayudas y subvenciones públicas a través de un fondo estatal. También se deberá garantizar la adecuación de instalaciones, procedimientos y aparatajes para la discapacidad en el sistema público de salud.

Ahora, las obras corren a cargo de los vecinos –o del afectado en caso de que el resto de la comunidad no esté a favor–. De ahí surgen precisamente muchos de los conflictos que se dan en la actualidad, que sobre todo ocurren en edificios «con instalaciones más complicadas, con cortes de escalera o con ocupaciones de locales». Las nuevas promociones no tienen esta problemática.

En Donostia, además, desde el año 2007 existe una ordenanza que dice que todo mayor de 70 años o persona con discapacidad puede exigir que se coloque un ascensor en su casa aunque el propietario del establecimiento del bajo se niegue. Esto es, cuando haya mayoría para realizar el cambio pero es el local del bajo el que se opone, interviene el Ayuntamiento y puede incluso expropiar el local. Este tipo de situaciones se han dado de manera repetida en los últimos años en la Parte Vieja donostiarra.

En este contexto, desde la federación coordinadora de personas con discapacidad física de Gipuzkoa, Elkartu, celebran la nueva norma, que confían que se apruebe, pero muestran «dudas» sobre su implantación. «Se tiene que poder hacer económicamente para que fructifique», insiste su presidente, Mikel Malcorra. De momento, el texto tardará varios meses en iniciar su tramitación en el Congreso y solo se convertirá en realidad si el Gobierno central logra sellar una mayoría parlamentaria suficiente.