196 arrendadores afectados por impagos reciben compensaciones del Gobierno Vasco

Las restituciones, eso sí, se producen desde el momento en que un juez decide suspender un desahucio por afectar a una persona o familia vulnerable. No cubren las deudas previas acumuladas hasta llegar a ese momento.

Esta compensación viene recogida en la conocida como 'ley antidesahucios', incluida dentro de las medidas urgentes de carácter social y económico adoptadas por el Gobierno central en 2020 como respuesta a la llegada de la pandemia de Covid. La norma, que ha sido prorrogada sucesivamente –la última vez este pasado mes de enero– prohíbe desahuciar a personas de especial vulnerabilidad.

En los casos en que en virtud de esta regulación extraordinaria un juez decida suspender un desalojo, se aplicará un derecho de compensación para el arrendador. Ese derecho está vigente desde el 23 de diciembre de 2020, si bien en Euskadi los pagos comenzaron a ejecutarse en octubre de 2021, tras la entrada en vigor de la orden del Gobierno Vasco que regula esta cuestión.

En este tiempo el Ejecutivo autonómico ha recibido 310 solicitudes de compensación. Son 171 de propietarios de pisos en Bizkaia, 90 en Álava y 49 en Gipuzkoa. De esta cantidad han sido aprobados 196 expedientes, desglosados en 106 en Bizkaia, 61 en Álava y 29 en Gipuzkoa.

Para hacer frente a estas obligaciones el Gobierno Vasco ha destinado un total de 989.583,90 euros hasta el 29 de enero, según datos facilitados por el departamento de Vivienda que dirige Denis Itxaso, quien defiende la medida porque, alega, «más allá de proteger a los inquilinos, en el Gobierno Vasco damos seguridad y garantías a los propietarios». «Somos conscientes de que la seguridad es un factor fundamental a la hora de ofrecer confianza a los propietarios para que saquen su vivienda al mercado del alquiler», sostiene el consejero en declaraciones a este periódico.

La prórroga de este mecanismo, junto con la prohibición de desalojar a familias vulnerables, forma parte del decreto modificado que fue aprobado por el Gobierno el 28 de enero tras el rechazo del Congreso de los Diputados la semana anterior al decreto ómnibus que, además de esta cuestión, incluía la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público. Una vez comprometido el apoyo de Junts al nuevo documento multisectorial, la aprobación en el Consejo de Gobierno prorroga esta medida durante 2025.

Quiere esto decir que los propietarios afectados por la suspensión judicial de un desahucio podrán reclamar estas compensaciones hasta el 31 de enero de 2026 para resoluciones judiciales aprobadas hasta el 31 de diciembre.

Más allá de medidas como esta, Itxaso recuerda a los propietarios que priorizan la seguridad a la rentabilidad, que Euskadi dispone desde hace años del programa Bizigune. Un plan para sacar viviendas al mercado del alquiler por el que el propietario alquila su piso al Gobierno Vasco, que luego se la subarrienda a un tercero a precios sociales.

En la actualidad forman parte de la red Bizigune 7.375 viviendas en Euskadi. De ellas, 1.998 en Gipuzkoa, 4.532 en Bizkaia y 845 en Álava.

Con este programa el arrendador se asegura el cobro de la renta y que el piso le será devuelto en las mismas condiciones en que fue entregado. La contrapartida es que percibirá un alquiler inferior al del mercado. La cuantía máxima está establecida en 675 euros mensuales, y el alquiler medio actual es de 590 euros.

No obstante, Itxaso anticipa que «en los próximos meses se actualizarán estas cuantías, así como las de los criterios de acceso a las ayudas al alquiler». Por ejemplo las del programa Gaztelagun para la emancipación de jóvenes. En las capitales vascas se puede acceder a ellas (300 euros al mes) si la renta que se paga no supera los 800 euros, lo que dificulta que puedan llegar a ellas inquilinos de Donostia.