El certificado de defunción de sor María levanta sospechas sobre su muerte

El 22 de enero de 2013 las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl anunciaban el fallecimiento de María Gómez Valbuena, sor María, la monja de 87 años imputada en dos supuestos casos de bebés robados. La religiosa era una pieza clave en la trama que actuó de forma impune en hospitales públicos y clínicas de todo el país desde los años 50 hasta finales de los 80. Su muerte causó una tremenda decepción entre los afectados por los supuestros robos, que no se lo acabaron de creer.

La orden religiosa informó entonces de que sor María estaba «muy enferma», razón por la cual no pudo declarar cuatro días antes ante uno de los dos juzgados de Madrid en donde estaba encausada por detención ilegal y falsedad documental. Un caso era el de María Luisa Torres, que le acusó de quitarle a su hija en 1982 en la Clínica Santa Cristina; el otro era de Purificación Betegón por la desaparición de dos mellizas en ese centro médico en 1981.

De sor María aseguraron los testigos en sede judicial que tenía un control absoluto sobre las adopciones. Se sabe que trabajó en este servicio durante años y que tenía una estrecha relación con otro supuesto implicado, el doctor Eduardo Vela. Este era director de la clínica San Ramón de Madrid y su nombre se repite entre las madres convencidas de que sus bebés fueron sustraídos para dárselos a familias acaudaladas.

El certificado médico de defunción de María Gómez Valbuena fue firmado por el doctor Enrique Berrocal Valencia. Un médico especialista en Medicina Interna que pasa consulta en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid. La religiosa, dice el documento, murió a las ocho de la mañana del 22 de enero de 2013 de una insuficiencia respiratoria derivada de problemas cardiacos y pulmonares.

Petición de exhumación

Todos los certificados de defunción llevan un número de parte para acreditar su registro. En este caso fueron ocho dígitos: 11626457. Este código debe de coincidir con el certificado literal que después se entrega al Registro Civil para que la administración tenga conocimiento efectivo del deceso.

Sin embargo, en el caso de sor María el número no coincide. Según el documento incluido en el sumario, la sección tercera del Registro de Madrid conoció el fallecimiento de la religiosa con el parte 11627633, por lo que las cuatro últimas cifras difieren sin motivo conocido, más allá de un posible fallo administrativo que por ahora no ha sido corregido ni se ha notificado a las partes. El resto de datos son buenos.

El hecho de que el certificado de defunción pudiera haber sido falseado es una sospecha que ya apreciaron las denunciantes cuando anunciaron su muerte. «Ya fueron capaces de falsificar los papeles de mi hija y de darla por muerta cuando no lo estaba y ahora han podido falsear los papeles de su muerte», dijo entonces María Luisa Torres.

Las suspicacias fueron mayores porque las Hermanas de la Caridad afirmaron que la monja fue enterrada días antes en el cementerio de San Justo de Madrid. Un secretismo que llamó aún más la atención e incluso provocó que las familias afectadas pidieran la exhumación de su cadáver.

Para acallar las sospechas, su abogado José María Calero tachó de «absoluta locura y de atrocidad tremenda» poner en duda su fallecimiento. «¿Cómo no voy a saber yo si ha muerto si mi hermana ha estado con ella todo el tiempo?», se preguntó. Su hermana, sor Cristina Calero, fue quien acompañó a sor María al juzgado en su primera y única comparecencia en abril de 2012, donde se negó a declarar. «La monja está enterrada y más que enterrada», zanjó.

Al recibir el papel de defunción del Registro Civil, los jueces decretaron el archivo de las dos causas por extinguirse la responsabilidad penal de la imputada. No obstante, dejaban la puerta abierta a una reapertura si se conocieran hechos nuevos que pudieran incriminar a otras personas. La evidencia ahora de que el parte de fallecimiento y el certificado literal no coinciden vuelve a levantar suspicacias sobre el deceso de la religiosa.