Las solicitudes de ayudas a la conciliación caen a su nivel más bajo en Euskadi

La política y la empresa no están por encima de todo. Al menos para José Luis Casero, nuevo presidente de la Comisión para la Racionalización de Horarios. A principios de año se ausentó de una audiencia en Zarzuela con los Reyes, una cita de amplio eco después de que doña Letizia luciera una de las pulseras reivindicativas con el lema 'Horarios racionales ya'. José Luis tenía un motivo más que justificado. «Estaba conciliando». En concreto, de vacaciones con su familia, unas fechas que ya tenía reservadas con anterioridad y que no cambió por su agenda. ¿Qué hubieran hecho otros en su lugar? Casero predica con el ejemplo. «Soy empresario y defiendo la conciliación. Es buena para la empresa y bueno para los trabajadores. Es de sentido común». Casero es el nuevo rostro al frente de la comisión liderada durante años por el economista Ignacio Buqueras -hoy presidente de honor-, pero sigue hablando de lo mismo, señal de que las cosas no han cambiado mucho.

Hoy por hoy no existe un registro oficial para poder medir el grado de conciliación de una sociedad. El barómetro utilizado suelen ser las solicitudes de las ayudas que se conceden por acogerse a una reducción de jornada o una excedencia. Y éstas no indican precisamente una evolución positiva. En Euskadi, las peticiones han caído a mínimos. En concreto, el año pasado se quedaron en 25.845, un 15% menos que en el ejercicio anterior. El descenso es aún más acusado si miramos al año 2010. El sistema se estrenó en 2008 con 30.178 peticiones para optar a una subvención y dos años más tarde se llegó al récord de 48.547. Hoy son casi la mitad.

¿Por qué? La bajada de la natalidad no puede obviarse, pero por sí sola no explica el escenario al que se ha llegado. La situación económica es la principal aludida. «Los trabajadores y las trabajadoras tienen más miedo a conciliar puesto que se encuentran en situaciones laborales cada vez más precarias y desregularizadas. El miedo a perder nuestros derechos laborales puede llevar a no ejercerlos», advierte Matxalen Legarreta, de la UPV/EHU.

Solo mujeres

La Ley de Conciliación, aprobada en 1999, estableció un telón de fondo que no ha resultado suficiente. «Una de las críticas desde que se instauró es que era una medida dirigida a las mujeres, y no a la sociedad en su conjunto, y que principalmente se podían beneficiar de ella aquellas que participaban en el mercado laboral en mejores condiciones», remarca esta profesora del Departamento de Sociología. También pone el acento en que en paralelo al peor escenario laboral «están disminuyendo las ayudas del Estado. En nombre de la crisis se reducen las partidas presupuestarias. Más que la crisis, influyen por tanto las medidas que se están adoptando ante ella», sostiene.

El director de Política Familiar del Gobierno Vasco, José Luis Madrazo, apunta a otra consecuencia: «Cuando los miembros de la familia han podido trabajar y tener ingresos suficientes, uno de ellos, normalmente la mujer, ha tendido a una política de conciliación, reduciéndose la jornada o pidiendo una excedencia. Cuando esa familia ha quebrantado sus ingresos, le ha compensado más recuperar la jornada completa o volver al trabajo». Eso cuando hay opción, porque muchos ciudadanos han perdido la posibilidad de conciliar por una razón muy simple: están en paro.

En los datos vascos subyace además un factor particular, aunque no ajeno a la situación de estrechez económica. La falta de fondos para pagar las ayudas en los dos últimos ejercicios, en que el presupuesto del Gobierno Vasco no ha llegado para cubrir toda la demanda, está pasando factura. Las solicitudes se están pagando con meses de retraso. El año pasado, de las 23.659 ayudas concedidas por excedencias y reducciones de jornada por cuidado de hijos, 18.002 correspondían a peticiones realizadas en 2013, una situación que ha vuelto a repetirse en este ejercicio en que se hará frente a los miles de expedientes acumulados sin pagar. «Las familias pueden haberse visto desincentivadas al pensar que el hecho de haberse agotado el crédito significaba que no se iban a pagar más ayudas», reconoce Madrazo que, insiste, en que harán «un esfuerzo para encontrar el presupuesto necesario. No vamos a dejar de pagar a nadie que reúna los requisitos».

Retinencias

La palabra crisis vuelve a aparecer. «La crisis ha provocado miedo a conciliar», confirma José Luis Casero, de la Comisión de Racionalización de Horarios. «Muchos trabajadores creen que prolongando sus jornadas laborales van a conservar el empleo. Lo cual es una paradoja pues las empresas tienen que ser competitivas y eso no está reñido con jornadas eficientes, al contrario. Las empresas siguen confundiendo conciliación con trabajar menos. Conciliar es trabajar mejor y no perder el tiempo».

¿Si es mejor, por qué entonces no se entierra la cultura del presentismo? La respuesta es tan cruda como sencilla de entender: algunos no quieren. El discurso de Ignacio Buqueras en la recepción en Zarzuela señaló sin medias tintas a los culpables. La comisión no se calla ante nadie, ni Reyes ni ministros: «Existen en nuestro país destacados personajes, mayoritariamente hombres, que por educación, hábitos y en algunos casos egoísmo, hacen todo lo posible para que no se implanten unos horarios más humanos, más europeos, más racionales. Desearían que todo continuara igual. No se oponen directamente a nuestras propuestas porque consideran que no sería políticamente correcto hacerlo; pero obstaculizan cuanto pueden para que nada se mueva».

Casero hace suyas esas palabras. «Tan importante es la libertad individual como el respeto a la libertad del otro. Todos hemos recibido esa pregunta sutil en nuestros trabajos '¿Ya te vas?'. Que algunos empresarios no tengan vida personal no es el problema de los trabajadores; que un trabajador quiera quedarse echando más horas jugando al candy crush en el ordenador no significa que el resto tenga que quedarse».

Aunque siguen existiendo «muy malos hábitos», la comisión prefiere ver el vaso medio lleno. «Para empezar, se habla cada vez más de la conciliación. Está en la agenda política, mediática y de los ciudadanos», dice Casero. La comisión ha ganado recientemente una pequeña batalla al lograr que TVE anunciase que adelantará el horario de prime time (el de máxima audiencia) a las 22.15 horas para terminar la programación antes de la medianoche. «Hay que felicitarnos por ello, pero no conformarnos».

Pendiente está, por ejemplo, la tramitación en el Congreso del informe para la racionalización de horarios, aprobado por unanimidad por los partidos políticos. «Un caso insólito, pero después de dieciséis meses aún no se lleva a debatir. Hace falta un pacto nacional», reivindica Casero. Entre las medidas, que se cumpla el Plan Concilia en las administraciones, para que la jornada laboral termine a las 18.00 horas, que España adopte ya el huso horario que le corresponde conforme a su situación geográfica -meridiano de Greenwich- y que la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad se conviertan en una realidad inmediata, «porque son extraordinariamente rentables».

«Donde se puede hacer el verdadero cambio para la conciliación es en las relaciones sociolaborales», sostiene José Luis Madrazo, del Gobierno Vasco, que sin quitar importancia al sistema de prestaciones, remarca su eficacia limitada. «Las ayudas ayudas son. Hay un cambio cultural que tenemos que desarrollar. Cuando oigamos hablar a sindicatos y empresarios de estas necesidades, además de salarios, estaremos haciendo un gran favor a los proyectos de familia. El problema es que los que están en los sindicatos y en las empresas somos los hombres. Si hubiera más mujeres, se conciliaría más», reivindica «sin eludir la responsabilidad» de la Administración pública.

¿Y qué están haciendo las empresas por la conciliación? En el mundo empresarial prefieren hablar de flexibilidad. «Estamos haciendo un esfuerzo importante para que la conciliación se materialice. Existe, por ejemplo, cada vez más flexibilidad en los horarios de entrada y salida en los trabajos», señala Nerea Zamacola, responsable de negociación colectiva de la patronal guipuzcoana Adegi que insiste en que «los derechos a la conciliación de los trabajadores no están contrapuestos a los intereses de la empresa».

Desde Confebask, Jon Bilbao, defiende un cambio hacia horarios más racionales más allá de la empresa. Reconoce que con la crisis «la preocupación por la conciliación y otras cuestiones se han relegado porque lo importante era la supervivencia», como se constata en los datos. Su lectura ahonda en la contradicción de los datos que muestran un balance negativo detrás del cual se esconden la realidad de muchas empresas donde las medidas de reducción de jornada «han sido acogidas con los brazos abiertos» porque han servido para reducir costes en un momento de dificultades económicas.

Dice Bilbao que aunque la cultura de conciliación tiene aún que aflorar, «hay una conciencia cada vez más generalizada del paso previo», en ocasiones más por obligación que por convicción, por los problemas a los que se enfrentarán las empresas en el futuro. El primero tiene que ver con la incorporación de la mujer al trabajo y con la dificultad de encajar la maternidad con la vida laboral, que suele conllevar a renunciar a una de las dos opciones. «Cualquier elemento que perjudique la incorporación de la mitad del capital humano tiene que ser solucionado. No nos podemos tirar piedras sobre nuestro propio tejado». El segundo es el envejecimiento de la población. «Ahora tenemos un número importante de parados, pero en nuestro futuro tendremos un problema de falta de mano de obra cualificada. La solución de estos dos problemas pasa por la conciliación en la empresa».

«Cambiar el chip»

Desde los sindicatos, el futuro aún se ve lleno de nubarrones. «En esta coyuntura está resultando difícil incorporar contenidos como el derecho a la conciliación en los convenios», reconoce Jone Bengoetxea, de ELA. El sindicato considera que «sin empleo de calidad no existe un derecho real a la conciliación». Además, señalan a la patronal que, a su juicio, «pretende limitar la conciliación a más flexibilidad y más contratos a tiempo parcial, que son a día de hoy la fórmula mágica utilizada con la consecuencia reducción en salarios y prestaciones sociales para las mujeres», denuncia. El frenazo en la conciliación también tiene que ver con políticas de igualdad. «Hay que hacer un salto cualitativo donde el concepto de conciliación sea sustituido por el de corresponsabilidad social», porque en este contexto son las mujeres las que salen perdiendo, responsables de los cuidados familiares, sostiene.

La profesora Matxalen Legarreta también aboga por «cambiar el chip y poner en el centro la sostenibilidad de la vida», es decir, «poner en el centro de los intereses sociales, políticos y económicos a las personas y sus necesidades y no al mercado y a la acumulación de beneficios». Por eso, más que de conciliación habla de «encaje temporal y de una nueva organización de los tiempos». Desde la Comisión de Racionalización de Horarios, José Luis Casero no se cansa de repetir el mensaje. «La conciliación no es una quimera. Se puede lograr. Hagámoslo. Todos saldremos ganando».