Alta tensión en el negocio nuclear

Puede que no sean las protestas de los ecologistas encaramados en las cúpulas de los reactores las que se lleven por delante las centrales nucleares, como pretenden desde hace años. Y puede que sean las compañías propietarias de estas plantas las que echen voluntariamente el candado ante lo que consideran «inviabilidad» económica de sus actividades. El negocio ató- mico está en entredicho desde que se conocieron las fricciones que han surgido entre Iberdrola y Endesa a cuenta del futuro de Garoña, la instalación en la que comparten accionariado... pero poco más. Ni en los mejores sueños de los colectivos antinucleares habrían imaginado que el sector diese la voz de alarma por los problemas financieros que atraviesan las sociedades que gestionan el parque español: ocho reactores distribuidos en seis centrales «asfixiadas» por impuestos y tasas que gravan su actividad. Así define la situación el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce.

Araluce explica que «ha llegado un momento en el que esa carga representa hasta un 50% de los ingresos que perciben». Y sostiene que el Estado «se ha comido los márgenes»; una realidad que se había puesto de manifiesto hacía ya tiempo, aunque ahora ha salido a la luz a raíz del caso burgalés.

El punto de inflexión llegó a finales de 2012, cuando el Gobierno aprobó una batería de medidas para atajar un déficit eléctrico –la diferencia entre ingresos del sistema y costes que asumía– que superaba los 24.000 millones. Para ello, aplicó un impuesto sobre la producción de residuos radiactivos procedentes de las nucleares, que grava en 2.190 euros por kilogramo de uranio usado. Esta figura detrae aproximadamente un 18% de los ingresos de las centrales. Además, se actualizó otro tributo sobre el almacenamiento de residuos, que gestiona Enresa y se lleva otro 15%.

Y para culminar, introdujo un gravamen generalizado del 7% para todas las fuentes de generación eléctrica. Los gastos y poco más. A esta lista hay que sumar el Impuesto de Bienes Inmuebles y otras figuras que abonan las centrales. Y las ecotasas autonómicas, aunque Extremadura y Cataluña aún tratan de sortear los recursos interpuestos por el Gobierno a este tipo de gravámenes, ya que considera que se encuentran incluidos en la ley estatal.

En total, esa mochila fiscal pesa, de media, unos 10 euros por megavatio/hora (Mwh), según fuentes del sector eléctrico. A esa cifra habría que añadir los 35 euros/Mwh que supone mantener operativas estas instalaciones: entre 7 y 8 euros por el uranio; 7,5 euros por la tasa a Enresa; otros 14 euros en gastos de explotación (personal y mantenimiento), y cinco euros en inversiones.

Desde el sector sostienen que «si el coste de la energía en el mercado mayorista es de 45 euros, las nucleares cubren sus gastos y no dan para mucho más». En Garoña, esas cifras son más abultadas al tratarse de un reactor de 500 Mw, frente a los 1.000 que tienen, de media, el resto de las centrales. Solo sus costes de mantenimiento ascienden a entre 30 y 40 euros/Mwh, a los que hay que sumar los tributos, lo que implica un descuadre de sus cuentas.

El problema al que se enfrentan las centrales es que su situación «no es lo suficientemente grave como para poder clausurar su actividad», explican expertos del sector. Es decir, la reforma energética calculó el impacto de los impuestos para que no pudieran alegar quiebra, pero tampoco ganaran mucho dinero.

La cuestión no es baladí, porque en breve se juegan su futuro Almaraz (Cáceres) y Vandellós II (Tarragona). El plazo de explotación vence a mediados de 2020, pero tiene que ser tres años antes –es decir, en junio y julio próximos– cuando sus propietarias presenten la solicitud para ampliar esa vida útil. Iberdrola quiere que el Ejecutivo les deje hacerlo en 2019, pero Endesa prefiere ajustarse al calendario establecido y actuar ya, aunque espera una respuesta del Gobierno sobre los costes que soporta el sector.

El impacto de las últimas reformas ha sido tan relevante que algunas corporaciones, como Iberdrola, optaron por desgajar su negocio nuclear creando divisiones específicas. Su filial para este fin registró unas pérdidas de 221 millones en 2015, más otros 311 en el ejercicio anterior y 232 en 2013, según consta en los registros oficiales. En el caso de Endesa y Gas Natural Fenosa –esta última también tiene participaciones en el sector, como en la sociedad Almaraz-Trillo– siguen integrando los resultados de sus nucleares en sus filiales de generación.

En cualquier caso, se trata de pérdidas contables y no estrictamente operativas. Es decir, que las eléctricas no pueden amortizar todo el dinero como tendrían que hacerlo en base a la inversión realizada inicialmente cuando se construyeron esas plantas. Por eso, desde Endesa sostienen que el negocio «sí es rentable», porque, aunque ahora no se pueda amortizar todo, «si se prolonga su vida útil, sí se podría». Hasta 50 años amortizando

Ahí reside una de las claves del conflicto. Endesa ha reconocido que ha ampliado esa amortización de 40 a 50 años. Si la actividad de las centrales se prolonga hasta esa fecha, podría cubrir toda la inversión. Una decisión que en el caso de Iberdrola no se ha tomado, por lo que esa prolongación no les resultaría tan atractiva ni económicamente necesaria. Además, el sector contó con una serie de ingresos hasta 1998, cuando se liberalizó el mercado energético en España. Las compañías han dispuesto de copagos por capacidad o la inyección que supuso los costes de transición a la competencia. Pero apuntan que no fue suficiente. Por eso, Jorge Morales, experto en energía, cree que «hay que realizar una auditoría para aclarar cuánto han recibido y cuánto gastan ahora».

La actitud de ambas compañías, que coinciden en denunciar las elevadas cargas fiscales, se distancia también si se tienen en cuenta los intereses energéticos en otro tipo de plantas. «En realidad, hay un juego entre ambas por quedarse con el resto de la tarta de la generación», indica Jorge Morales. Iberdrola cuenta con una gran fortaleza en fuentes como las hidroeléctricas, con 9.715 megavatios de capacidad instalada por todo el país. Además, tiene 5.695 Mw en ciclos combinados. Por su parte, Endesa tiene 5.445 Mw en ciclos, y 4.721 Mw en hidroeléctricas. Y Gas Natural Fenosa, más de 7.000 Mw en ciclos combinados.