El TSJPV anula varios artículos de la norma que prioriza el euskera en las instituciones

Ahora, en una sentencia emitida el 28 de septiembre, a la que ha tenido acceso este periódico, el TSJPV estima parcialmente un recurso presentado por Vox y, amparado en la inconstitucionalidad de parte de la ley que el TC declaró en julio, anula varios de sus preceptos. Entre ellos, el que establece «la utilización del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades» (artículo 12); así como que los municipios puedan definir «los criterios de uso oral y escrito de las lenguas oficiales» (art. 11); o planes lingüísticos dirigidos «a posibilitar que las actuaciones municipales puedan desarrollarse en euskera» (art. 9.2); o el empleo del euskera en «primer lugar» en los mensajes verbales que dirija a la ciudadanía mediante dispositivos automáticos, telefónicos o megafonía (art. 27.e). Los funcionarios tampoco tendrán la obligación de «dirigirse al ciudadano o ciudadana en euskera» (art. 27.1.a).

Contra el fallo firmado por la Sala de lo contencioso-administrativo que preside el juez Luis Ángel Garrido, el Gobierno Vasco dispone de un mes de plazo para interponer un recurso de casación ante la Sala de lo contencioso-administrativo el Tribunal Supremo.

Tras conocer este nuevo varapalo judicial, el sexto que un tribunal vasco pronuncia este año contra la exigencia del euskera en diversos casos por parte de ayuntamientos y diputaciones, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, declaró que, a la espera de que sea analizada por sus servicios jurídicos, el Ejecutivo debería recurrir la sentencia, que calificó como un nuevo ejemplo de «judicialización de la vida política» que evidencia la necesidad de que los poderes públicos se impliquen en la protección del euskera y de otras lenguas cooficiales que son «patrimonio del Estado español». Asimismo, recordó que la Ley Municipal fue aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco.

Preguntado por si determinados jueces pudieran tener una actitud personal contraria a las políticas de normalización del uso del euskera, el también consejero vasco de Cultura y Política Lingüística respondió que «la justicia habla a través de sus sentencias y de sus fallos». Además, apuntó también al momento político en el que llega el auto del TSJPV, después de unos meses en los que «hemos sido testigos de iniciativas para facilitar el uso del euskera y de las otras lenguas oficiales del Estado español en las Cortes».

Euskalgintzaren Kontseilua, por su parte, aseguró que este fallo «menoscaba los derechos de los ciudadanos y las competencias municipales», lo que entiende como «un nuevo paso en la arremetida del poder judicial» contra el euskera. La organizacón que aglutina las principales entidades y agentes que trabajan en favor de la normalización del euskera, ha convocado para el sábado 4 de noviembre, a las 17.00 horas en Bilbao, una manifestación de protesta contra las sentencias judiciales contrarias a las políticas de normalización lingüística en Euskadi.

A la misma animó a participar EH Bildu, que también llamó a otra movilización para el 18 de ese mes en Bilbao. Su portavoz Unai Urruzuno mostró su «extrema preocupación» ante el auto judicial que, según afirmó, «una vez más», pone «en entredicho la soberanía de nuestro pueblo. Está quedando claro el carácter involucionista de los sectores más reaccionarios». La gravedad, apuntó Urruzuno, es aún mayor «porque la decisión se ha tomado tras la denuncia y el requerimiento de la ultraderecha española, en este caso, de Vox».

Este partido político, a través de la parlamentaria Amaia Martínez, también habló de «un nuevo varapalo judicial» pero contra la «política de imposición del euskera y la discriminación del castellano». Aunque advirtió de la posibilidad de que el Gobierno Vasco recurra esta sentencia, de momento «culmina así un proceso iniciado por Vox hace algo más de dos años».

El proceso para la normalización del euskera en las administraciones públicas ha recibido un nuevo varapalo legal, el sexto en lo que va de años. En enero, el juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Vitoria obligó a la academia de Arkaute a admitir a los candidatos a Policía Local que durante el proceso público de selección no acreditaron un nivel B2 del idioma. El tribunal admitió por entonces los argumentos del sindicato UGT, que recurrió el proceso selectivo al considerar que suponía un «trato discriminatorio». Ese mismo mes, el TSJPV dictó que no se puede imponer por las administraciones locales las exigencias de euskera de los funcionarios a los trabajadores de las subcontratas que presten servicios para los entes municipales.

Tan solo dos meses más tarde, el máximo órgano del poder judicial en Euskadi declaró nula una OPE para cuidador de la Fundación Uliazpi -entidad que presta servicios residenciales para personas con discapacidad intelectual-, convocada por la Diputación de Gipuzkoa en 2020, por considerarla «discriminatoria» por razones lingüísticas, ya que de las 34 plazas ofertadas 32 exigían euskera; es decir, el 94%.

También en marzo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó que los requisitos lingüísticos exigidos por el Departamento de Educación en un contrato vinculado a una empresa de transporte escolar de Ondarroa era una «imposición». La sentencia de la Sala Primera de lo contencioso administrativo estableció que era «abusivo» exigir euskera en sus relaciones con la administración a los trabajadores de las empresas privadas aunque trabajen en el ámbito público.

El último varapalo legal contra el euskera se dio en el mes de mayo, cuando el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Bilbao dio la razón a un policía municipal temporal de Erandio que acudió a los tribunales para presentar un recurso para que se rechazara la obligatoriedad del perfil lingüístico del puesto que ocupaba, que era del nivel B2.