La Audiencia ordena investigar al alcalde de Mungia, denunciado por prevaricación urbanística

La denuncia, interpuesta por un particular, involucra asimismo al actual concejal de Urbanismo, Zigor Uriarte, y al exedil Luis María Elgezabal. También se apunta hacia una posible falsedad documental. El caso está relacionado con la regularización de viviendas unifamiliares que, según la documentación remitida a la Justicia, no tendrían cabida en la normativa local por ser, realmente, parcelas no urbanizables (explotaciones agrarias).

La denuncia parte de un vecino que tiene una casa cerca de la zona de Larrabizker y que el Ayuntamiento ha ordenado derribar. Su familia adquirió la parcela en junio de 2008. Sobre el solar se levantaba un pabellón ganadero desde 1992 que «no había albergado actividad alguna». Su interior, «desde hacía muchos años», se encontraba tabicado y con todo tipo de instalaciones. El hombre acabó habilitando una cocina y unos aseos en la nave. Desde hace más de diez años, el propietario paga a la Administración local el IBI. Tiene agua, luz y todos los servicios.

En enero de 2016, la familia trató de empadronarse allí, sin imaginarse lo que después sucedería. El Ayuntamiento le abrió un expediente urbanístico por irregularidades y ordenó su demolición. Una decisión que fue ratificada el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia. El denunciante inició entonces una investigación sobre las viviendas que se encontraban en los alrededores.

Según se señala en la querella, descubrió que varios inmuebles se encontraban en su misma situación, pero que habrían sido legalizados. Algunos de los supuestos beneficiarios estarían vinculados a los querellados. Por este motivo, comenzó a solicitar documentación al Consistorio. «La respuesta de los responsables públicos ha sido la de no facilitar información sobre terceros», se dice en la denuncia. El hombre pidió «el mismo trato para su familia que para el resto de vecinos», ya que sólo se había actuado contra su hogar, censurando que haya una doble vara de medir. «Los querellados, responsables públicos, usan las normas vigentes a su antojo, otorgando favores de autorizar construcciones o legalizarlas en suelo rústico a quien tienen por conveniente, no dudando en retorcer los expedientes y decretos a su favor», se afirma en el escrito.

El pasado verano, la familia dio el paso de interponer la querella porque, «a pesar de que ostentosamente se incumple la normativa, muchas viviendas están toleradas por los querellados e incluso se emiten certificados para su inscripción registral». El denunciante pone en conocimiento de los jueces la existencia de, al menos, siete casos con multitud de irregularidades en viviendas residenciales, que son «enmascaradas» y «consentidas» como «perreras o pabellones agropecuarios».

Uno de los casos más flagrantes, siempre según la denuncia, correspondería a un chalé construido por la esposa del exconcejal Luis María Elgezabal. Su mujer habría presentado una solicitud de obra nueva (chalé) en suelo no urbanizable, en una parcela inferior a 10.000 metros cuadrados. La exalcaldesa Uriagereka habría concedido licencia «aún a sabiendas» de su ilegalidad.

La querella fue archivada en un primer momento por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika. Ahora, sin embargo, en un auto al que ha tenido acceso EL CORREO, la Audiencia le reprocha al juez de la villa foral que no hubiera practicado diligencia alguna para tratar de esclarecer el caso. Los magistrados reconocen que el pleito parte de «motivos próximos a los sentimientos de frustración» de la familia que ha sido condenada a perder su casa. No obstante, señalan, este contexto «no permite desestimar de plano la incoación de un proceso penal si los hechos denunciados revisten indiciariamente caracteres de delito y se aportan datos o elementos que avalan en principio su realidad; lo que sucede en el caso de autos».

En este sentido, insta el juez a citar al alcalde, la exalcaldesa y los ediles a declarar y a practicar «cuantas diligencias estime convenientes». Fuentes del Ayuntamiento de Mungia aseguraron no conocer aún el auto de la Audiencia y prefirieron no realizar declaraciones.