Cerrar Garoña puede llevar hasta 30 años

Los expertos aseguran que la clausura definitiva de Garoña es un proceso delicado, que hay que hacer con mucho cuidado. De hecho, podría llevar «entre 20 y 30 años», tal y como afirma el físico nuclear Paco Castejón. El primer paso para desmantelar una central nuclear es sacar el combustible gastado de la vasija, algo que en Garoña ya se hizo en 2012. Ahora lo que toca es que Nuclenor realice un plan de desmantelamiento y al cabo de un par de años entraría Enresa, que se haría cargo de la central.

Desde ayer mismo, La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) está preparando la documentación para solicitar el desmantelamiento y la transferencia de titularidad de la central de Garoña, un proceso complejo y de «varios años», según la exconsejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Cristina Narbona.

En Euskadi, sin embargo, ya han comenzado las peticiones para que el desmantelamiento sea rápido. De hecho, EH Bildu presentó en las Juntas Generales de Álava y en el Ayuntamiento de Vitoria una iniciativa para que el procedimiento técnico y burocrático de la operación comience «de manera inmediata».

El coportavoz de Equo y diputado de Podemos, Juantxo López de Uralde, apuntó que su formación estará atenta porque el material que contiene la central es «altamente peligroso».

Por el momento, sin embargo, la atención se centra en el futuro económico de la zona y en el desmantelamiento de la planta, ubicada a escasos kilómetros de Euskadi y a menos de 50 de Vitoria, después de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunciara la denegación de la licencia de explotación.

Se inicia ahora un «periodo de transición» hasta el cambio de titularidad de Garoña a Enresa, una entidad con experiencia en este tipo de procesos al ser la responsable del desmantelamiento de Vandellós 1 (Tarragona) y Zorita (Guadalajara) y de un reactor experimental del Centro de Investigaciones Energéticas (Ciemat), en Madrid.

Enresa anunció ayer su intención de dar inicio a las actividades preparatorias para el desarme de la central atómica más veterana de España, que se encuentra parada desde diciembre de 2012. A Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola) le corresponde, entre otras cuestiones, efectuar la descarga del combustible gastado de la piscina a unos contenedores y ubicarlos en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central, como paso previo a su envío al Almacén Temporal Centralizado, cuando éste se encuentre disponible.

Por su parte Enresa debe preparar una estrategia para el desmantelamiento y presentar un plan que debe obtener el visto bueno del Ministerio de Energía y del CSN. De manera paralela se elaborará un Estudio de Impacto Ambiental.

Por su parte, los catorce municipios burgaleses más próximos al entorno de la central nuclear de Garoña se preparan para diseñar su propio futuro desde la desconfianza en planes externos, como los desarrollados hace unos años, que no han supuesto una alternativa a la actividad de la planta, cuyo cierre es inevitable.

Tampoco la actividad de la central ha sido la panacea durante más de cuarenta años. Los alcaldes coinciden en que ha podido contribuir algo a frenar la despoblación, pero la realidad es que los municipios más próximos tenían 3.600 habitantes cuando la planta comenzó a funcionar a principios de los años 70 y ahora solo están censadas mil personas.

Algunos vecinos del entorno trabajan en la central, aunque la mayoría a través de subcontratas, mientras que otros se beneficiaban del aumento de población flotante que generaba la planta mediante la prestación de servicios.

También los ayuntamientos han cobrado impuestos a la empresa, de la que tradicionalmente han recibido ayudas para su desarrollo o la celebración de actos culturales, aunque estos apoyos se habían ido reduciendo hasta casi desaparecer en la última década. La alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como «una oportunidad» para el entorno.

Lo que ha provocado Garoña en la zona es, en su opinión, «una bonanza fantasma» que ahora se traducirá en que los más de doscientos trabajadores directos se irán a otras plantas nucleares y los también cerca de doscientos empleados de las contratas serán «los que sufran más la situación», aunque la mayoría de estas empresas ya habían ido reduciendo sus plantillas desde que la central nuclear paró su actividad en diciembre de 2012.