
Tres años y medio después la caza controlada del lobo ibérico volverá a ser legal en el tercio norte del país, en las provincias que ... concentran más del 90% de las manadas en libertad existentes en España. Una noticia que reavivará la polémica que siempre rodea a este cánido salvaje, que para los ganaderos y pastores con los que coexiste y a los que causa importantes pérdidas no es más que una alimaña y que para los naturalistas es un animal autóctono en riesgo de extinción.
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El pleno del Congreso derogará el próximo jueves la orden dictada el 20 de septiembre de 2021 por el Ministerio de Transición Ecológica, con la que declaró al lobo raza con «especial protección» en toda la península, lo que en la práctica excluyó a este cánido de las actividades cinegéticas en toda España y prohibió, incluido a las autoridades autonómicas, abatir ejemplar alguno salvo en casos muy contados y documentados y siempre avalados por motivos excepcionales.
Con la supresión de la citada orden ministerial, la situación del lobo en España quedará exactamente en los términos que estaba antes del otoño de 2021. Es decir, este cánido seguirá incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), sin opción de ser cazado, solo en el centro y sur de la península, en los territorios ubicados por debajo del río Duero, donde los lobos son un depredador casi inexistente, con solo un puñado de manadas moviéndose entre los montes y parajes de Segovia, Ávila, Madrid, Salamanca y Guadalajara.
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son las manadas de lobos que el último censo oficial, de hace una década, dice que hay en España. La Fundación de cazadores Artemisan eleva la cifra a casi 400 manadas, la mitad en el norte de Castilla y León.
Por contra, el lobo saldrá del Lespre, perderá la «especial protección» y podrá ser abatido con permiso administrativo en todos los territorios al norte del Duero, donde, según las distintas fuentes, se calcula que viven en libertad entre 300 y 400 manadas, entre 2.000 y 2.800 ejemplares. Es donde, por consiguiente, se produce el mayor choque de intereses entre estos cánidos silvestres y las explotaciones ganaderas, por concentrar el grueso de los ataques a los rebaños y granjas.
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En casi todas estas autonomías, hasta la publicación de la orden que ahora será derogada, las administraciones locales permitían la caza controlada de lobos o se fijaban cupos anuales de sacrificio para evitar su proliferación. Bien cazadores, bien forestales, o bien ambos, según el caso, sacrificaban cada año más de un centenar de ejemplares entre el norte de Castilla y León (especialmente León, Palencia y Zamora), Galicia, Asturias y Cantabria, que son las grandes zonas loberas.
El cambio legal está asegurado porque así se lo impondrá al Ejecutivo de coalición la mayoría absoluta del pleno. La medida cuenta con el apoyo seguro y suficiente de los 176 diputados que suman PP, Vox, PNV y UPN, que podrían contar además con el respaldo añadido de los siete escaños de Junts y con alguna abstención en la izquierda independentista.
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Después de muchos meses de intentos legales y judiciales fallidos, el PP y la autonomías loberas torcerán el brazo de Transición Ecológica y de los naturalistas, que se negaban a rebajar la protección de la especie en el norte, mediante una triquiñuela parlamentaria. Será un puñado de enmiendas introducidas por populares y nacionalistas en el Senado a la ley contra el desperdicio alimentario el que derogue la orden ministerial y saque al lobo del Lespre al norte del Duero.
Las enmiendas, que serán validadas el jueves por la mayoría del Congreso, se convertirán en ley y se ejecutarán de inmediato. Todos los puntos de la nueva norma, incluidos los referidos al cambio de situación legal del lobo, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, cosa que como muy tarde ocurrirá la semana próxima.
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El PP justificó la introducción de sus enmiendas en una ley no específica en que las 14.000 terneras, vacas, potros y ovejas que asegura cada año que matan los ataques de los lobos en España, además de perdidas económicas millonarias, destruyen unas 4.000 toneladas de carne, lo que genera un considerable desperdicio alimentario estructural.
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