Desarticulan un entramado empresarial en Navarra y La Rioja dedicado a la regularización masiva de extranjeros

La Policía Nacional ha culminado la Operación Charco, iniciada el pasado año, con la detención de 17 personas y una investigada más como presuntas autoras de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental, cometidos en el seno un grupo criminal que encabezaba un empresario riojano. La operación del Grupo de Investigación UCRIF de la Jefatura superior de Policía de Navarra ha contado con el apoyo en la segunda fase del Grupo Operativo de Extranjería de Logroño, si bien no se descartan más detenciones ya que uno de los principales investigados sigue en paradero desconocido. Algunos de los inmigrantes en situación irregular acudieron con documentos falsos a la oficina de extranjería en San Sebastián.

El empresario riojano era el titular de un negocio que constaba como contratante en un elevado número de expedientes de solicitud de Residencia y Trabajo, presentadas por ciudadanos extranjeros de origen marroquí en situación irregular. Este hecho, hizo que el Grupo de Investigación UCRIF de la Jefatura superior de Policía de Navarra iniciara una investigación que comenzó en el año 2023 con la localización de los solicitantes, muchos de ellos residentes en la Ribera navarra, para determinar la veracidad de esos contratos.

Tras contactar con varios de ellos, los investigadores, dirigidos por el Juzgado de Instrucción número cinco de Pamplona, pudieron determinar que desde esta empresa riojana se estaba llevando acabo la venta de los pre-contratos por importes que oscilaban entre los 10.000 y 14.000 euros, con pleno conocimiento del mencionado empresario, administrador de la mercantil denunciada, que desde ese momento se constituyó como el principal investigado.

Pero además, se identificó a otros tres empresarios que formaban parte de la trama así como a varios miembros de la red de conseguidores, personas de origen marroquí encargadas de localizar a compatriotas en situación irregular interesados en conseguir un contrato de trabajo.

Una vez que los inmigrantes en situación irregular poseían los documentos falsos, puesto que dicha relación laboral no existía realmente, bien directamente, o a través de abogados especializados en materia de extranjería, presentaban la solicitud de Residencia Temporal por circunstancias excepcionales (arraigo social) o Solicitud de Permiso de Trabajo por cuenta ajena, en diferentes oficinas de extranjería (Logroño, Burgos, San Sebastián, Bilbao etc), a fin de no levantar sospechas.

Las víctimas debían abonar en un primer momento unos 2.000 euros, quedando supeditado el resto del pago a la consecución del permiso de residencia. Si la solicitud era denegada los empresarios llegaban a hacer entrega de un segundo contrato para presentar en las Oficinas de extranjería y cuando la misma se hacía efectiva, se procedía al pago total de la deuda.

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