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Iñigo Fernández de Lucio
Lunes, 11 de septiembre 2023, 13:02
El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha elevado el tono este lunes y ha acusado a las empresas de transporte escolar que ... se niegan a sacar los autobuses de utilizar a las familias como «rehenes». Las compañías se mantienen en sus trece y rechazan acatar la orden de ejecución forzosa con la que el departamento pretendía obligarlas a prestar el servicio. Su «insumisión», ha dicho Bildarratz, tendrá «consecuencias», aunque no ha detallado cuáles.
«Estamos en un Estado de derecho», y todos, «también los transportistas estamos obligados por el derecho», ha sostenido, por lo que éstos han de cumplir con la orden publicada el pasado 5 de septiembre, que les obliga a prestar el servicio. «Si no están de acuerdo con la orden, como es legítimo, tienen instrumentos jurídicos para reivindicar su posición, pero tienen que utilizar la ley, no la insumisión», ha afirmado, en una entrevista en 'Onda Vasca'. «Aquel que se quiera mover fuera del marco de la ley, no va a tener una fácil escucha por parte del departamento». «La educación es un servicio público esencial, y el transporte es esencial para dar ese servicio», ha señalado.
El consejero se ha referido así al conflicto con el sector del transporte que afecta únicamente a los colegios públicos de Bizkaia y Álava. Unos 10.000 alumnos en total. De ellos, 7.400 se quedaron sin autobús el pasado jueves y viernes, cuando la mayoría de centros arrancaron el curso. En Gipuzkoa el servicio se presta con normalidad después de que la mayoría del sector aceptase las condiciones para este año propuestas por Educación y se hayan cubierto de forma voluntaria el 98% de las rutas. Solo quedaron tres por garantizar, y la orden que publicó el martes pasado el Gobierno Vasco obliga a las dos empresas que las realizaron el curso pasado (Barrios y Cuadra) a hacerse cargo de ellas.
La situación en Bizkaia y Álava puede agravarse si el pulso de los transportistas se mantiene en el tiempo. En la entrevista, Bildarratz ha explicado que su departamento «entrará a fondo» para dar respuesta a los recursos administrativos planteados por las empresas contra la orden de ejecución forzosa. Las compañías aseguran que no moverán los autobuses hasta que se resuelvan sus recursos. Las que han optado por esta vía, la administrativa, son sobre todo pymes y empresas familiares, que son mayoría en Bizkaia. Hay otras compañías, más grandes, que han acudido a la vía judicial contra la obligación de sacar los autobuses; y, mientras la Justicia decide, sí prestan el servicio. Esto explica por qué más de la mitad de rutas de Álava sí cuenten con autobús, mientras esa cifra apenas llega al 10% en Bizkaia.
El conflicto, por tanto, tiene visos de enquistarse. Los puentes están rotos y no hay contactos entre las partes, según confirman fuentes de ambos lados. Así las cosas, es de esperar que la situación se alargue hasta que se resuelvan esos recursos. No hay un plazo definido. Bildarratz ha dicho que los tendrán listos «en el tiempo que necesitemos».
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