Educación avaló que el profesorado de la concertada cobre más que el de la pública

¿Cómo es esto posible? Todo se remonta a los primeros meses de 2024. En enero, Ikastolen Elkartea, la patronal de las ikastolas, firmó un acuerdo con LAB, sindicato mayoritario, para renovar el convenio colectivo. El pacto se cerró en un clima de paz social y fijaba un salario para el colectivo docente para 2024 de 38.917,67 euros brutos anuales en el caso de Infantil y Primaria; y de 45.052,97 euros en el caso de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. A ello hay que sumar complementos, trienios, etc.

De forma paralela, el 5 de febrero, las patronales Kristau Eskola y Aice-Izea cerraban un acuerdo con la mayoría sindical, conformada por ELA, Steilas, CC OO, y UGT (LAB suscribiría el documento más tarde). El contexto era completamente diferente. En medio de una enorme conflictividad en estos grupos de escuelas concertadas, los sindicatos habían convocado ya 14 jornadas de huelga que pusieron en jaque el curso escolar y amenazaban con un mes de paros continuados. La paz se firmó de madrugada tras una tensa negociación en la sede del Consejo de Relaciones Laborales en la que ELA, mayoritario en el sector, tuvo la última palabra. La presión de las familias, que clamaban por una solución que permitiese retomar las clases con normalidad, fue decisiva. Se acordó pagar al colectivo docente 39.589,25 euros (Infantil y Primaria) y 45.787,86 euros (ESO, Bachillerato y FP). Ese pacto, al menos en lo que se refiere a la parte salarial, debe cumplimentarse antes de que acabe el año. Es la fecha en rojo marcada en el calendario.

Ambos acuerdos -el de Ikastolen Elkartea y el de Kristau Eskola y Aice-Izea- llevaban el visto bueno del Departamento de Educación, que es quien abona el salario del profesorado incluido en los conciertos educativos a través de un mecanismo que se conoce como pago delegado.

Unos meses después, en mayo, la consejería cerró sendos acuerdos con las patronales. En ellos, hacía suyas las tablas pactadas entre las empresas y los sindicatos, y se comprometía a aportar la financiación necesaria para hacer frente a los aumentos salariales entre 2023 y 2027. La idea es que en ese periodo iba a haber un proceso gradual de «equiparación» para que los trabajadores de ambas redes cobren lo mismo.

En esos documentos hay un párrafo clave: «Como principio general, se establece que en ningún caso el personal que ocupe puestos de trabajo financiados por el Departamento de Educación en centros concertados, ya sea por pago delegado o por concierto, podrá tener retribuciones superiores a las de los puestos asimilados en los centros públicos».

¿Cuál es el problema? Que este enunciado no casa con las tablas acordadas con los sindicatos y avaladas por el Departamento que en ese momento estaba liderado por el jeltzale Jokin Bildarratz. Tal y como atestigua la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, lo que las patronales firmaron, con el aval de Educación, no fue la equiparación gradual para 2027; sino que sus trabajadores cobrasen este mismo año más que los de la pública. Las tablas del personal docente funcionario se actualizaron en junio. Según se puede comprobar, un maestro de Infantil y Primaria en la pública cobra 38.610,01 euros al año; y en Secundaria, Bachillerato y FP, 44.384,84. A este salario base se suma una aportación a Itzarri, la EPSV del funcionariado, que supone alrededor del 2% del salario y se ingresa en las nóminas como «percepciones no salariales». Pero ni siquiera agregando esa cantidad se alcanza lo firmado en la concertada. El desfase es de más de 1.400 euros anuales en el caso de la ESO, Bachillerato y FP; y roza los 1.000 en Infantil y Primaria.

La situación supone un quebradero de cabeza para el departamento y es un problema político de primer orden. ¿Por qué? Porque sólo hay dos opciones. La primera, cumplir lo pactado con las patronales para que éstas, a su vez, satisfagan lo firmado con los sindicatos. De momento, eso no ha sucedido; de hecho, los trabajadores han llevado a las patronales a los tribunales por este motivo. El asunto está visto para sentencia en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Si la Justicia obliga a las patronales (y al departamento) a abonar lo que se firmó, ¿aceptarán los trabajadores de la pública cobrar menos?

Sería inédito que la Administración pague más a los trabajadores de centros subvencionados que a los de sus propios centros. Pero una subida para el funcionariado se antoja complicada, toda vez que los incrementos del salario base vienen determinadas desde Madrid. Lo que el Gobierno Vasco sí puede hacer es jugar con los complementos. Aun así, ese desfase de un 3%, aproximadamente, costaría a las arcas públicas más de 20 millones de euros; según el Consejo Escolar de Euskadi, la plantilla de la pública la componen unos 25.000 docentes.

Hay, por tanto, una segunda opción. Que el Gobierno no dote a las patronales de la financiación suficiente para cumplir los compromisos adoptados con los sindicatos y se limite a igualar los salarios de ambas redes. El anteproyecto de ley para modificar los Presupuestos aprobado esta semana para inyectar 67 millones extra a la concertada sugiere que van por ahí los tiros. Equiparación y ni un euro más.

Esta situación dejaría a la concertada a los pies de los caballos y en una situación de ilegalidad, si así lo determina la Justicia. El déficit en este caso sería de unos 12 millones de euros, teniendo en cuenta las cifras de docentes en pago delegado recogidas por el Consejo Escolar de Euskadi.

Hay que recordar, a todo esto, que los centros, en teoría, no pueden cobrar cuotas a las familias y que la única vía de ingresos debe ser la Administración. Pero, si no recibieran la suficiente financiación del Gobierno, ¿cómo van a hacer frente a los aumentos acordados? ¿Quién pondrá ese dinero?

Fuentes conocedoras del proceso interpretan que hubo «un error de cálculo» del Gobierno al dar el visto bueno a lo que exigían los sindicatos. La negociación dependía de la viceconsejería de Administración y Servicios, entonces liderada por Xabier Aizpurua, que hace unos meses abandonó el departamento rumbo a la nueva consejería de Universidades. La entonces directora de personal, Blanca María Guerrero, es ahora la viceconsejera. Según estas fuentes, se armó un gran revuelo en el departamento que dirigía Bildarratz cuando se dieron cuenta de la dimensión del problema y de que se había firmado algo inasumible.

La consejería que ahora lidera Begoña Pedrosa, por su parte, niega la mayor. Asegura que en ningún caso la concertada cobrará más que la pública. Esta semana, la propia consejera apelaba a la Ley Orgánica de Educación y a la Ley vasca de Educación para justificar la equiparación salarial de ambas redes. Sin embargo, cuestionados acerca de la diferencia que se observa en las tablas salariales, portavoces oficiales aseguran que se trata de un «cálculo complejo» y que por ello se ha planteado una «equiparación real a alcanzar en 2027 ajustando diferentes elementos».