Educación aprobará para finales de año un nuevo decreto para la admisión de alumnos

«No hay ninguna incertidumbre jurídica ni ningún vacío legal tras esta sentencia, que recuerdo que no es firme», apuntilló este miércoles Pedrosa, quien agregó que «las familias pueden estar tranquilas, porque el proceso de matriculación y admisión del próximo curso se está desarrollando con normalidad. Se mantiene en vigor el decreto actual».

Cabe recordar que el TSJPV anuló en enero la norma por la que se establecen, desde febrero de 2023, los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en Euskadi. Es la base en la que se sustenta, por ejemplo, la reserva de plazas para el alumnado vulnerable. Lo resolución judicial se dio, según se podía leer en la misma sentencia, por un «fallo de forma», ya que el fallo no llegó a entrar en el fondo del decreto, «muy discutible» según los denunciantes, el sindicato Steilas y Ehige, la federación de AMPAs de la escuela pública vasca.

El decreto en cuestión afecta a puntos clave como los procesos de matriculación y admisión del alumnado. En el nuevo, que el área de Pedrosa calcula que puede estar terminado antes de 2026, «se van a incluir novedades», afirmó la consejera, aunque sin detallar cuáles serán. Lo que sí se sabe es que aunará la planificación y la admisión, que hasta ahora se regulaban a través de dos decretos diferentes, aprobados en 2009 y 2018, respectivamente.

En cuanto al texto que fue anulado por el TSJPV, la máxima responsable del área defendió este miércoles que «pretendía adaptar la normativa a los cambios producidos en los últimos años en el sistema educativo, que se ha visto afectado por la caída demográfica y por el incremento de alumnos procedentes de otros países».

En lo referente a la lucha contra la segregación escolar, ámbito en el que Euskadi tiene los peores datos a nivel estatal junto a Cataluña, Pedrosa avanzó que el Gobierno Vasco «activará en breve el pacto contra la segregación» y que «ahora toca hacer un decreto nuevo».

«Más allá de los propios cambios sociales», la decisión de elaborar el decreto ahora anulado -y aprobado en febrero de 2023- «respondió a la necesidad de adaptarse al nuevo marco normativo», argumentó Pedrosa. Por ese motivo, criticó que «decir que no era necesaria esta modificación, como se ha hecho en la propia literatura de la sentencia, es desconocer o querer ignorar el profundo cambio de contexto legal que se ha producido a nivel estatal».

«No hay ningún motivo para alimentar la idea de la inseguridad jurídica. No se trata de hacer política del miedo, sino de asumir la responsabilidad, buscar cohesión, y ofrecer tranquilidad a nuestra sociedad», subrayó. Además, explicó que una «amplia mayoría» de principios y contenidos del decreto ya han sido incorporados en la Ley de Educación aprobada en diciembre de 2023, lo que aporta «más protección jurídica» y evita que se produzca un «vacío legal».

Por su parte, Jon Hernández, parlamentario de Sumar, afeó en su intervención en la comisión a Begoña Pedrosa «la nula autocrítica que ha mostrado el departamento después de que el TSJPV anulara el decreto de ordenación de centros escolares. Es un texto que no tiene memoria justificativa, algo que para nosotros es esencial porque facilita la comprensión para la ciudadanía y su transparencia y legitimidad».