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De momento se mantienen las incógnitas sobre cómo será el fin de curso en los centros escolares vascos después de más de un mes sin ... clases presenciales por el cierre de los colegios por el coronavirus, pero el Departamento de Educación tiene claro dos cosas: no habrá un aprobado general y el curso no se alargará al mes de julio. Ahora ultima un plan que presentará en breve a los distintos ámbitos del sector educativo después de consensuarlo con Sanidad y Lehendakaritza. Es posible que a lo largo de la próxima semana, o a más tardar principios de la siguiente, se haga público.
Los responsables educativos de las comunidades autónomas, incluida la consejera Cristina Uriarte, se citaron este miércoles con la ministra Isabel Celaá en una conferencia sectorial telemática, la quinta desde que comenzó la crisis, para debatir sobre qué medidas se deben tomar de aquí al final de curso para que estos meses de clases telemáticas y enseñanza a distancia afecten lo menos posible a los alumnos. En la reunión se acordaron varios puntos recogidos en un documento que, como recordó Uriarte, «son criterios y orientaciones» del Ministerio y que será el departamento vasco de Educación quien establezca su ruta de trabajo «en función de las competencias que Euskadi tiene en materia educativa».
Ruta propia «El Departamento trabaja en su plan de fin de curso que consensúa con Salud y Lehendakaritza»
Propuesta del ministerio «Son orientaciones, Euskadi trabaja en función de sus competencias en materia educativa»
Contenidos «Estamos definiendo cuáles serán esenciales en los currículos de aquí al final de curso»
Uno de esos puntos acordados entre el Gobierno y la mayoría de las comunidades autónomas recoge que los colegios puedan abrir en verano para ofrecer clases de refuerzo voluntarias a los estudiantes con problemas para seguir la educación a distancia durante el confinamiento por la pandemia. El documento en el que se trabajó este miércoles indicaba que las actividades estivales pueden estar promovidas por otras administraciones u organizaciones, contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos y sus docentes.
El Departamento de Educación entiende que esa posibilidad no es una novedad y que ya hay centros en el Estado que lo hacen desde hace años, pero, como ya indicó Cristina Uriarte el pasado viernes en una entrevista en este periódico, no es una opción que se vaya a aplicar en Euskadi porque «el sistema educativo vasco tiene herramientas para poder recuperar el próximo curso parte de los contenidos que no se hayan podido dar ahora sin necesidad de adelantar las clases y presionar más a las familias», con más horas en julio.
Así, en la Comunidad Autónoma Vasca las clases terminarán, como ya se había establecido, el 30 de junio. Sí cabría la posibilidad de, en caso de que sea necesario, habilitar algunas hasta el 3 de julio para los alumnos de 2º de Bachillerato que deben presentarse a las pruebas de Selectividad, que comienzan el día 6, pero es una medida que todavía está evaluando el Departamento de Educación.
La mayoría de los sindicatos docentes se habían opuesto en las últimas semanas a la posibilidad de que el curso se prolongase durante verano para dar descanso tanto a profesores como estudiantes y familias. Los sindicatos defienden que la suspensión de las clases presenciales no ha supuesto la interrupción del curso, y los docentes han seguido teletrabajando desde que cerraron los centros escolares.
La comunidad educativa también lleva semanas debatiendo si era adecuado dar un aprobado general a los alumnos, alternativa rechazada por el Consejo Escolar. Antes de la reunión, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra Celaá manifestó que «la norma general será el aprobado y la repetición en situaciones excepcionales».
En la reunión con los consejeros autonómicos de Educación, el Ministerio propuso que se establezca una evaluación a partir de los dos primeros trimestres presenciales y que el tercer trimestre, el del confinamiento, se contemple solo en el caso de que sirva para mejorar la nota del alumno.
En ese sentido, Uriarte, que ha rechazado tajantemente en varias ocasiones la opción del aprobado general aunque también ha mantenido que nadie se verá obligado a repetir curso por culpa del último trimestre no presencial, volvió a reivindicar las competencias del País Vasco para decidir su propio marco de trabajo. «Llevamos tiempo trabajando, definiendo cuáles serían los contenidos esenciales de los currículos de aquí a final de curso. Estamos también trabajando en las evaluaciones y en los criterios y herramientas para realizarlas. Asimismo estamos planteando distintos escenarios, en caso de que, bajo criterios de Salud, se pudiera retornar a la docencia presencial. Estamos trabajando en un plan que recoge todas estas alternativas y que en breve se presentará a la comunidad educativa», señaló la consejera.
Respecto al regreso a las clases, Uriarte ya anticipó que en el caso de que se permitan las presenciales antes de fin de curso, en Euskadi se hará de forma progresiva, una vez que Sanidad permita la apertura de colegios. Los primeros en retomarlas serían los estudiantes de segundo de Bachillerato que deben lograr el título y presentarse a la Selectividad y lo harían distribuidos en clases con menos alumnos para respetar las distancias de seguridad.
Cuarto de Secundaria tendrá también prioridad si se abren los colegios porque los estudiantes tienen que conseguir el título de ESO para poder acceder a la FP o el Bachillerato.
Acuerdo o documento. Mientras el Ministerio de Educación presentaba ayer su propuesta como un acuerdo «respaldado por la mayoría de las consejerías», el departamento vasco de Educación hablaba de «un documento orientativo». La ministra Isabel Celaá, en la rueda de prensa que ofreció ayer por la tarde, explicó que «propicia un paraguas para que las autonomías ejerzan sus competencias».
Ante la cuestión de si se pueden dar desigualdades entre las comunidades que afecten a los alumnos, el secretario de Estado para la Educación, Alejandro Tiana, aseguró que no compartía esa opinión porque «cada autonomía es responsable de su sistema educativo» y que nadie dudan de «que buscan lo mejor para sus estudiantes».
Tanto la ministra como el secretario destacaron que «quien mejor conocen a los alumnos son los docentes. No les vamos a decir cómo tienen que calificar. Les decimos que tienen la suficiente libertad para calificar».
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