La falta de base legal obliga a Euskadi a posponer al día 25 la vuelta a las aulas

El Gobierno Vasco ha dado un paso atrás y ha decidido posponer una semana, hasta el 25 de mayo, la vuelta a las aulas de manera presencial, un regreso que había previsto para este lunes para los alumnos de Bachillerato, cuarto de la ESO y Formación Profesional. ¿Las razones? No hay aval legal del Gobierno central para 'avanzar' en este terreno, y para «no tensionar más» a la comunidad educativa ni trasladarle la «incertidumbre jurídica» que existe a día de hoy. Así lo justificó este jueves en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, tras una semana en la que Educación ha mantenido y modulado su intención de reabrir el día 18. Ahora, el Ejecutivo vasco considera «pertinente» retrasar el calendario una semana «porque el Gobierno central todavía no ha concretado en una norma el acuerdo alcanzado con el vasco para abordar con garantías jurídicas esa vuelta». «Preferimos posponer una semana la propuesta inicial y trabajar a lo largo de la semana que viene con más tranquilidad y sosiego para planificar el regreso a las aulas de manera más razonable y pausada», indicó Erkoreka.

El Departamento vasco de Educación había fijado para este lunes la vuelta a las clases presenciales de determinados cursos, pero había dado libertad a los centros para decidir qué hacer, un retorno anticipado cuestionado desde el primer momento por sindicatos y familias al tildarlo de «precipitado» e «irresponsable». Erkoreka defendió que en las conversaciones que ha mantenido la consejería de Cristina Uriarte con los agentes educativos no ha habido una posición unánime en contra de su plan de vuelta, pero que todas las partes han reclamado dos condiciones para ello: «garantías jurídicas y sanitarias».

La cuestión jurídica no está atada. «No existe tal garantía a día de hoy», concretó. Recordó que el decreto de 8 de mayo que prorrogó el estado de alarma en su artículo 4 establecía que el Gobierno podrá pactar con cada comunidad autónoma la «modificación, ampliación o restricción de las condiciones establecidas». Además, el pasado 9 de mayo se aprobó una orden que fijaba las condiciones que permitían al Gobierno Vasco establecer una regulación «singular» del estado de alarma en los ámbitos de movilidad, cultura, ocio y deporte. «En el ámbito educativo, sin embargo, lo acordado con el Gobierno central todavía no se ha traducido en una norma que concrete el alcance y contenido de los términos en los que Euskadi puede desarrollar su planteamiento específico. Existe un acuerdo con el Gobierno central, pero todavía no se ha traducido en una norma jurídica clara, viable y comprensible», justificó Erkoreka, al constatar la obligación de renunciar a sus planes iniciales, tras la reunión mantenida ayer por la mañana entre la ministra de Educación, Isabel Celaá con los titulares autonómicos. Los contactos con Madrid se han sucedido esta semana y «en estos momentos todavía no hay concreción de los términos en los que Euskadi puede actuar. Tampoco certeza de que se vayan a concretar en las próximas horas».

Por todo ello, añadió, el Gobierno Vasco «ha considerado que no es conveniente someter a más tensión a la comunidad educativa», ni trasladarle una incertidumbre jurídica que aunque el Ejecutivo central disipara hoy -dijo-, sería «tarde» para preparar el regreso a las aulas el lunes.

El delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ya había advertido esta semana que la vuelta a las clases presenciales no estaba prevista en la fase 1 de la desescalada y este jueves respondía sobre el aplazamiento al día 25. «Cada cosa a su tiempo. Desescalemos medidas con arreglo a fases que obedecen a criterios epidemiológicos. Pongamos el acento en la prevención y en el sentido común; no es fácil acertar porque son muchas las decisiones y enorme la presión. Busquemos el consenso».

Con el plazo adicional de una semana, se podrá preparar «con más tranquilidad y de forma más razonable» ese retorno, que Erkoreka defendió como una «buena» medida, especialmente para alumnos con dificultades académicas, que son «los que más atención precisan» en el final de curso.

Las medidas sanitarias también tienen que garantizarse. Y para ello, se ha elaborado un protocolo «muy consistente» que ya ha sido remitido a toda la comunidad educativa, dijo Erkoreka.

Sin embargo, tanto sindicatos como profesorado y asociaciones de padres y madres siguen exigiendo que se garanticen las medidas sanitarias antes de reabrir las aulas. ELA, LAB, Steilas, CC OO y UGT tildaron de «absurdo» que sean fechas concretas las que condicionen la vuelta a las aulas y no la certeza de que se han cumplido las medidas de seguridad necesarias. A través de un comunicado conjunto, consideraron que con la nueva fecha se ha demostrado que el plan del Departamento «era una irresponsabilidad, fruto de la improvisación».

La coordinadora de la confederación de padres y madres de la escuela pública vasca, Lurdes Imaz, añadió que «seguimos igual porque han reconocido que seguimos sin soporte jurídico para regresar y a la espera de que el departamento mande a los centros las instrucciones de seguridad». El presidente de Ikastolen Elkartea, Koldo Tellitu, expuso que «teníamos claro que el 18 no iba a abrir nadie» ante esa falta de garantías jurídicas y sanitarias.