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E. P. C.
Jueves, 15 de agosto 2024, 19:18
Facua Euskadi ha instado al departamento de Educación del Gobierno Vasco a que tome las medidas «que sean necesarias» para garantizar que se cubran todas las rutas de transporte escolar de cara al próximo curso. La asociación indicó ayer mediante un documento oficial que ha tenido conocimiento de que «muchas de las rutas de autobús de colegios públicos de Euskadi han quedado desiertas, debido a que ninguna empresa ha presentado oferta alguna, por lo que no han podido ser adjudicadas en tiempo y forma». Según los datos publicados en la prensa, un tercio de las rutas de autobús de centros guipuzcoanos -concretamente 35 de 91- han quedado desiertas, mientras que en Bizkaia han sido 131 de las 194 rutas de autobús, con lo cual sólo se han presentado oferta para 63 rutas. En Araba han quedado vacías 35 de 128.
Es un conflicto que, parece, «se repite un año más», lamentaron, ya que en 2023 hubo una problemática similar. Entonces, el Gobierno Vasco logró solucionar el entuerto sobre la bocina. Con todo, hasta que se normalizó la situación, durante dos semanas 7.400 alumnos no tuvieron autobús para ir a sus colegios.
Al hilo de esta situación, Competencia pidió «duras sanciones» el mes pasado a las empresas que «boicotearon» el año pasado el transporte escolar. Acusó a 45 empresas de ponerse de acuerdo para dejar el servicio desierto y «coaccionar» al Gobierno Vasco para cobrar más. Por su parte, Facua Euskadi recuerda que la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación indica como derecho del alumnado «la calidad de la educación para todos, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico», entre otros.
Por ello, la asociación insiste en que no poder ir a los centros educativos por falta de transporte escolar supone una «grave merma» en el derecho de los menores a su educación. Por eso, la administración «debería poner todos los medios a su alcance para solventar la problemática cuanto antes».
La asociación recordó a los usuarios que puedan haberse encontrado en sus comunidades autónomas o municipios con una situación similar «que pueden acudir a la Facua para que inicie actuaciones en defensa de sus derechos».
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