Educación

Educación lleva a la Fiscalía a empresas de transporte escolar de Bizkaia y Araba

Además, para garantizar el servicio de transporte, el departamento va a aprobar una 'orden de ejecución forzosa' que entrará en vigor una vez se publique en el BOPV (Boletín Oficial del País Vasco). Esto supone que las empresas que el año pasado realizaban rutas escolares que no han podido ser asignadas para este inicio del curso 2023-24, están obligadas a dar el servicio, para lo que se analizará el coste real de cada empresa de transporte y se le aplicará un beneficio industrial del 6%.

Las relaciones entre Educación y las asociaciones y operadores de transporte escolar han vivido en los últimos años varias tiranteces. Sin ir más lejos, el curso pasado se desbloqueó la situación un día antes de empezar el curso tras realizar una oferta de incremento de precios de un 24,1% motivado por la subida de los carburantes y la guerra de Ucrania. A comienzos de este año, Educación convocó un nuevo concurso de licitación de rutas –el tercero desde 2020– y muchas de ellas quedaron desiertas. Dada la situación, la propuesta del departamento que dirige Jokin Bildarratz fue la de ofrecer las mismas condiciones que en el curso 2022-23 a las empresas que realizaban dichos recorridos mientras se prepara nuevos concursos de licitación.

La sorpresa para el departamento surge cuando los operadores de Gipuzkoa dicen sí, y los de Bizkaia y Araba, no. «Sin que exista una explicación lógica», ha asegurado este viernes el consejero Bildarratz. «El transporte escolar está resuelto en Gipuzkoa, y no así en Álava y en Bizkaia y, sinceramente, no entendemos ese hecho cuando los criterios son los mismos para los tres territorios», ha destacado.

Además, ha criticado que han recibido «posiciones sin sentido, sin lógica económica», ya que «han subido precios en algunas rutas y no han recibido ofertas, y posteriormente algunas empresas han aceptado ofrecer ese servicio con las condiciones del curso anterior, en algunos casos condiciones económicas más bajas».

«Tenemos sospechas, con la actuación de algunas empresas, por ese proceder tan extraño y porque hemos recabado información que nos hace pensar que algunas empresas están actuando de un modo ilícito. Creemos que se puede estar produciendo una concertación entre las empresas que están acordando cómo actuar para obtener un mayor beneficio de la administración. Es una práctica que, de confirmarse, estaría manipulando las condiciones económicas del servicio», ha alertado el responsable del área vasca educativa.

Según ha explicado, desde que comenzaron a «detectar algunos elementos extraños», el Gobierno Vasco se puso en contacto con la Autoridad Vasca de la Competencia, con la que está colaborando y remitiendo la información que les ha solicitado.

Además, «ante los indicios de delito que se han detectado, se va a remitir toda esta información a la Fiscalía», ha anunciado. «Espero que lo podamos hacer a lo largo de la semana que viene, pero mientras tanto tenemos que garantizar el transporte escolar de cara al inicio de curso», ha manifestado.

En tres años se han presentado tres procesos de licitación. «Concursos públicos en los que las empresas pueden competir por hacerse con algunas de las rutas de transporte escolar establecidas por el Departamento», ha dicho Bildarratz. En todo este tiempo, se han presentado «un total de 27 recursos» a los pliegos ante el órgano administrativo de recursos contractuales (OARC) en los que se incidía en que las condiciones económicas son insuficientes. «Todos los aspectos económicos presentados por estas empresas han sido rechazados por el OARC» y «ninguna de las alegaciones en las que se ha cuestionado el presupuesto de contratación ha sido aceptada por el órgano administrativo, ni una sola», ha destacado el consejero. «Aquellos otros aspectos aceptados en los recursos se incorporaron al proceso de licitación», ha precisado.

A su vez ha recalcado que «en las últimas resoluciones, el OARC dictamina abiertamente mala fe de las empresas al presentar los recursos, una evidente intención de dilatar el proceso y argumentos contradictorios, entre otros elementos. En todos esos 27 recursos, una vez conocida la resolución, las empresas en ningún caso acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo, dando por buena esa resolución», ha detallado.

El consejero vasco de Educación ha asegurado que las condiciones que su departamento ha presentado en los concurso públicos «han tomado como referencia los criterios e indicadores de costes recogidos en el Observatorio del Transporte, tal y como solicitó expresamente el sector».

En 2017 la Autoridad Vasca de la Competencia ha confirmado la existencia en Gipuzkoa de un macrocártel del transporte de viajeros por carretera que llevaba operando desde hacía tres décadas. Diecisiete compañías de autobuses guipuzcoanas se habían repartido el mercado de los servicios y habían pactado precios a través de un sistema «sofisticado» de control interno.